VIVIENDA SOCIAL
El Plan para el derecho a la vivienda 2016-2025 impulsa la función social y el servicio público
Aborda tanto la emergencia actual como los retos de futuro y se propone cambiar el modelo de burbuja inmobiliaria
El Ayuntamiento de Barcelona ha terminado un nuevo plan de vivienda, el tercero de su historia, pero el primero que plantea las políticas de vivienda desde la perspectiva del servicio público y el derecho, y no sólo como un bien material o un negocio.
El Plan para el derecho a la vivienda 2016-2025 aborda las necesidades más inminentes, como pueden ser la emergencia residencial o la movilización de pisos vacíos, pero también los retos de mediano y largo plazo: la dificultad de pagar el alquiler por parte de las clases medias y bajas, el envejecimiento de la población o la posible pérdida del parque de vivienda destinada a primera residencia.
Con este objetivo -y con un presupuesto municipal de 1.666,2 millones de euros- se pretende cambiar el modelo de burbuja inmobiliaria y acercar Barcelona a las mejores prácticas que ya se llevan a cabo en otras ciudades europeas.
El gasto municipal en materia de vivienda incrementa con este plan un 77% de media anual en relación con el periodo 2008-2015, en el que la inversión total del plan fue de 756 millones de euros; en función del comportamiento de otros actores públicos y privados, el gasto asociado a este plan puede alcanzar los 2.973,2 millones de euros.
En todo caso, con la aportación de la Generalitat al Consorcio de la Vivienda de Barcelona, el gasto se acerca a los 2.000 millones de euros. Una parte importante de este dinero se destinará a ayudas para el pago del alquiler y la rehabilitación del parque de viviendas.
Además, se acelera el ritmo de construcción de nuevos edificios para el alquiler social para pasar de la producción de 200 nuevas viviendas anuales a 1.000, con el objetivo final de construir, a lo largo de estos diez años, un total de 8.854 pisos –el 80% de los cuales destinados al alquiler; se prevé que se crearán 29.000 puestos de trabajo para edificarlos.
Con vistas a atender a las personas más vulnerables, se apuesta por la mediación en caso de impago, sanciones a los grandes tenedores si no ofrecen alternativa de vivienda y garantía de realojamiento; otro colectivo que hay que cuidar es la gente mayor, que se prevé que irá en aumento y por este motivo se tendrá que adaptar la ciudad, en general, y la vivienda, en particular.
En cuanto a la rehabilitación, además de incrementar las ayudas tanto para el exterior como para el interior de los edificios, se elaborará un mapa de las condiciones de las viviendas.
Otra de las preocupaciones es la diferencia de acceso a la vivienda por barrios, motivo por el cual se hará una radiografía de cada distrito y se atenderán las necesidades según las especificidades de cada territorio.
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