Operación anticorrupción
Alcaldes del Baix Llobregat piden relevar al director de la fundación investigada por desvío de fondos
Los tres detenidos han quedado en libertad con cargos tras ser arrestados durante el operativo de este martes, que incluyó varios registros
Tres detenidos por desviar dinero público a gastos privados en una fundación de inserción laboral del Baix Llobregat

El centro especial de trabajo de la Fundación para la Inserción Laboral (FIL), en Esparreguera. / AYUNTAMIENTO DE ESPARREGUERA


Jordi Ribalaygue
Jordi RibalayguePeriodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Las cinco alcaldías del Baix Llobregat que forman parte de la Fundación para la Inserción Laboral (FIL) han acordado este miércoles pedir el relevo temporal del director general de la entidad, investigada por un presunto desvío de dinero público a gastos privados. Los alcaldes de Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat y Sant Esteve Sesrovires se han reunido esta manaña después de que los Mossos d’Esquadra detuvieran ayer a tres personas y efectuaran varios registros, incluida la sede de FIL, situada en Esparreguera y dedicada a ofrecer empleo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Los tres arrestados han quedado en libertad con cargos, han informado fuentes próximas a las indagaciones a EL PERIÓDICO.
Los ediles son miembros del patronato de la organización, que ha convocado una sesión extraordinaria para este jueves. Los cinco propondrán en ese encuentro que el máximo responsable ejecutivo de la fundación, Jordi Minguito, deje sus funciones “hasta que se aclarezca su vinculación con los hechos investigados y el alcance de los mismos”, han expresado los alcaldes a través de un comunicado conjunto.
La causa se instruye en un juzgado de Martorell, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario. Varias personas prestaron declaración sobre el caso a los investigadores este martes.
Denuncia interna
Por su parte, los alcaldes han explicado que el patronato de FIL recibió una “denuncia interna” en agosto de 2024, “relacionada con presuntas irregularidades en la gestión económica” de la fundación. Comentan que, a raíz de ese aviso, el patronato “impulsó una investigación interna y una auditoría externa independiente para esclarecer los hechos denunciados y depurar responsabilidades”.
A su vez, afirman que la auditoría y esas indagaciones dentro de la entidad “aún no han finalizado ni han aportado conclusiones”. Dicen que, por esa razón, el patronato no había tomado “acciones correctivas” hasta ahora.
Los alcaldes señalan que la representación de los cinco ayuntamientos en los órganos de FIL es “una parte minoritaria”. Añaden que desconocen “el origen y el alcance” de la investigación judicial abierta, a la que ofrecen “colaboración” y declaran el “más absoluto respeto”.
“Seguiremos defendiendo el cumplimiento escrupuloso de la legalidad y la transparencia en la gestión de esta fundación”, manifiestan las alcaldías. A su vez, han defendido “la función y los valores sociales” de FIL, “con independencia de la investigación judicial”. Recalcan que se trata de un “ejemplo de éxito en términos de integración laboral de las personas con discapacidad y diversidad funcional”. El centro especial de trabajo de la organización contrató a 154 personas en 2021 y 195 en 2022, sobre todo "personas con discapacidad intelectual que presentan más dificultades de acceso al mercado de trabajo ordinario", indica la última memoria de la entidad.
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