sin distancia de seguridad

Un juez anula la orden de Madrid que prohíbe fumar en la vía pública

La decisión del juzgado de lo Contencioso-Administrativo podría arrastrar a magistrados de otras comunidades

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Manuel Vilaseró

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Madrid fue de las últimas comunidades en trasponer las medidas aprobadas por las autonomías y el Gobierno en el Consejo Interterritorial de la pasada semana y ha sido la primera en verlas suspendidas. El juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo de madrid se negó este jueves a ratificar la orden que incluía la prohibición de fumar en la vía pública, el cierre del ocio nocturno y adelantaba el cierre de bares y restaurantes a las 1 de la madrugada. Han estado vigentes poco más de 32 horas.

Entre otros argumentos, el juez señala que la orden de la Comunidad  afecta al ejercicio de derechos fundamentales sin la declaración previa del estado de alarma. Estos no pueden ser limitados "por medio de una disposición administrativa de la Consejería de Sanidad”, señala el auto.

La consejería discrepa de la decisión y ha pedido aclaraciones al juez. "Desde la comunidad autónoma manifestamos nuestro pleno respeto (al auto), pero a la vez estamos en contra respecto a su contenido. En primer lugar, porque entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo", ha explicado en un comunicado. También considera que la ley de Salud Pública de 1968 le faculta para tomar la decisiones.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha desestimado la petición de aclaración formulada por el Gobierno regional. El magistrado Alfonso Villagómez Cebrián ha declinado ahondar más en los efectos de la anulación de dicha orden al especificar que no le corresponde "cogobernar" el Consejo de Gobierno y que es la administración regional la que debe adoptar las decisiones pertinentes respecto a la falta de ratificación de sus nuevas instrucciones para la nueva normalidad.

También ha agregado que tampoco le concierne, "desde este exclusivo papel jurisdiccional, determinar las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de la falta de ratificación de la Orden 1008/2020 por medio de una resolución de una claridad expositiva y resolutoria fuera de toda duda". Y remite al Gobierno central para habilitar el estado de alarma.

Ante esta contestación, la Comunidad de Madrid trabaja ya para interponer en breve un recurso de apelación a la decisión del juez, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

Mientras, el Gobierno central sostiene que la orden que pauta la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad y el cierre del ocio nocturno no tenía que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pues es un acto administrativo dirigido a las distintas autonomías, que son las que deben publicar de forma oficial esas instrucciones preventivas ante el Covid-19 al ser las competentes para aplicarlas en sus distintos territorios.

Las otras comunidades

Más allá de lo que ocurra con Madrid, existe el peligro de que ocurran nuevos revolcones judiciales en el resto de comunidades, retrasando la aplicación de unas medidas que los expertos consideraban había sido tomadas ya con retraso. Dependerá de en que jueces recaigan los  recursos y de cómo haya adaptado las medidas cada comunidad a su ordenamiento.

En el caso de Galicia, por ejemplo, no se prohibía fumar directamente sino quitarse la mascarilla en la calle cuando se estuviera a menos de dos metros de una persona. Era una forma indirecta de prohibir los cigarrillos si no se mantiene la distancia de seguridad pero regulando el uso de las mascarilla, lo que sí es una competencia sanitaria.

No es la primera vez que un juez tumba una decisión local o autonómica desde que decayó el estado de alarma. En el confinamiento de Lleida le pasó a la Generalitat. En Aranda de Duero (Burgos), otro magistrado acortó los plazos del confinamiento. En una situación en la que las decisiones ya se toman con retraso la justicia no hace más entorpecerlas.

Sin noticias del ministerio

El Ministerio de Sanidad, promotor de las medidas, no opinió ayer sobre la decisión judicial que afecta a la comunidad que ahora mismo más precupa. Después de lanzar el duro mensaje de alerta de Fernando Simón el jueves, el Ministerio de Sanidad no tiene prevista ninguna nueva comparecencia hasta el lunes ni tampoco facilitará nuevos datos de la evolución de una segunda ola que podría causar "muchas hospitalziaciones, muchos ingresos en ucis y muchas muertes".