Madrid impone siete multas en cuatro meses a residencias de ancianos

La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid ha impuesto, desde el 26 de septiembre de 2019, siete multas a siete centros de gestión indirecta para personas mayores de la región, de las cuales cinco corresponden a centros gestionados por Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. (Aralia).

Todas ellas se han tipificado de graves "por errores detectados en el personal de atención directa, insuficiente limpieza y mantenimiento, así como la no comunicación de incidencias", ha informado a Europa Press el departamento que dirige Alberto Reyero.

De esta forma, la Comunidad quiere garantizar el bienestar de todas las personas mayores que se encuentran en residencias de la región y para ello está incrementando las medidas de vigilancia "mediante un riguroso análisis de la actuación en todos los centros que están bajo su responsabilidad, así como imponiendo las penalidades que corresponden en los casos de incumplimiento de contratos".

Contratos de centros de gestión indirecta

Nada más llegar al Gobierno, el consejero solicitó la información de todos los contratos vigentes de centros de gestión indirecta (18) y concertados (162), a fin de comprobar que se cumplen estrictamente las condiciones acordadas o modificando las mismas si fuera necesario.

Asimismo, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las residencias, la directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia ya se ha reunido con los comités de empresa de dichas residencias y les ha solicitado información de las posibles deficiencias. Una información que está siendo contrastada desde la propia Dirección General para tomar las medidas que sean necesarias.

Es un compromiso de la Consejería de Políticas Sociales actualizar la normativa de residencias y adecuar las ratios al perfil actual del residente, más dependiente y con una mayor esperanza de vida, "avanzando hacia un modelo de atención centrado en la persona y cambiando el modelo de atención a los mayores en su conjunto". Por ello, el consejero ha reunido en una Mesa de Residencias a patronales y sindicatos del sector de las residencias de mayores para abordar una actualización de la normativa, que tiene más de 20 años y requiere una revisión.