La Fiscalía pide casi dos años para Isa Serra por desórdenes públicos en un desahucio

La Fiscalía de Madrid solicita 23 meses de prisión para la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en unos altercados ocurridos durante un desahucio de una vivienda del barrio madrileño de Lavapiés en enero de 2014. Por su parte, Serra se mostró orgullosa de haberse manifestado pacíficamente para evitar el desahucio.

El Ministerio Público reclama además a Serra 5.250 euros en concepto de indemnización a dos agentes de la Policía Municipal que resultaron heridos en esos incidentes.  La Fiscalía aprecia la circunstancia atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas en el proceso que está pendiente de fecha para la celebración de juicio oral.

Procesan a Serra por desórdenes públicos, atentado y daños en un desahucio

Según recoge en su escrito de acusación el 31 de enero de 2014, la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid estableció un dispositivo de seguridad para acompañar a la Comisión Judicial que tenía que cumplir un auto judicial de desahucio de una vivienda del barrio de Lavapiés. 

Actitud violenta

Un total de 17 agentes de Policía Municipal junto con otros dos efectivos de la Policía Nacional integraron el operativo de seguridad que estableció en torno a las 7:30 horas un cordón de seguridad entre la calle Mesón de Paredes y la calle Tribulete de Madrid.

La Fiscalía relata que en este lugar se concentraron unas 50 personas que decían pertenecer a la plataforma 'Stop Desahucios', y que comenzaron a increpar a los agentes con gritos tales como "este desahucio lo vamos a parar", al tiempo que les proferían insultos y les empujaban.  A las 12:00 horas, una vez finalizó la diligencia judicial, Isa Serra, que "realizaba funciones de liderazgo de los grupos de protestas", participó junto con el resto de concentrados en una sentada en la calle con el objetivo de impedir que abandonaran el lugar los coches policiales y con actitud violenta el grupo comenzó a insultar a los agentes con frases tales como "hijos de puta, asesinos, vergüenza me daría ser policía…".

Esta acción se hizo, a criterio de la Fiscalía, "con el fin de atentar contra la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, con absoluto desprecio hacia la autoridad que representaba la fuerza policial". El escrito de acusación recuerda que al tiempo que escupían a los agentes, también les lanzaron botellas, piedras, adoquines, tiestos, macetas, "y otros objetos contundentes como papeleras". 

Enfrentamientos con la policía

Durante estos enfrentamientos llegaron incluso a abrir un portón de la furgoneta en marcha cuando se encontraban en su interior agentes de la Policía Municipal que intentaban abandonar el lugar, causando daños a dos de los vehículos policiales. 

La propia Isabel Serra dirigiéndose a una agente de la Policía Municipal le gritó "eres una cocainómana", "mala madre, hija de puta, con todo los que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros".

En el transcurso de los hechos, la acusada junto a otras personas empujó "violentamente" a la fuerza actuante para impedirles que abandonaran el lugar, "al tiempo que les lanzaban objetos contundentes". Una agente sufrió lesiones al recibir un impacto de estos objetos. 

"Orgullosa de haberlo hecho"

Serra ha criticado este miércoles que la Fiscalía "asume directamente la acusación policial" y pida para ella 23 meses de prisión la presunta comisión de delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en relación a su participación en un desahucio. "Es increíble que me entere por los medios, porque no me ha llegado el escrito de acusación. Me piden 23 meses de cárcel por manifestarme contra un desahucio de una persona por discapacidad en Lavapiés. La Fiscalía asume directamente la acusación policial y pide la condena por delitos por desórdenes, atentado a la autoridad, lesiones y daños. Ya he dicho en numerosas ocasiones que es falso, que me manifesté pacíficamente y estoy orgullosa de haberlo hecho", ha respondido en redes sociales.

La diputada de Podemos ha señalado que con estas actuaciones judiciales "se trata de criminalizar a quienes defienden derechos como la vivienda. "No solo yo, sino que hay muchísimas personas siendo juzgadas por lo mismo. Tiene que ver con sostener las políticas de especulación sobre la vivienda, que ponen por delante el interés de los fondos buitre frente al derecho a tener un techo, las que hacen que al día 17 familias sean desahuciadas. Y para ello hace falta criminalizar a quienes cuestionan esas políticas", ha esgrimido.