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vuelos reiterados no autorizados

La Guardia Civil denuncia al propietario del dron que sobrevoló Barajas

La sanción podría llegar hasta los 250.000 euros si se trata de una operación especializada

El Periódico / Agencias

Vista del aeropuerto de Barajas con Madrid de fondo.

Vista del aeropuerto de Barajas con Madrid de fondo. / Sergio Pérez (Reuters)

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo PEGASO, integrados en la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid, han denunciado al propietario de un dron que sobrevoló el espacio aéreo controlado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.

Los agentes han realizado a lo largo de los últimos días un dispositivo en coordinación con AENA y ENARIE, tras detectarse de forma reiterada vuelos no autorizados de aeronaves pilotadas por control remoto en el espacio aéreo próximo al aeropuerto internacional.

En el marco de este dispositivo, el Equipo de Policía Aérea, creado específicamente para el control de aviación ligera, deportiva y drones, logró localizar a un piloto que se encontraba volando en espacio aéreo controlado sin las autorizaciones pertinentes y sin cumplir con los requisitos de identificación que deben de tener todas las aeronaves, por lo que tras ser identificado fue denunciado.

Espacio aéreo controlado

Desde el Instituto Armado recuerdan que las operaciones de las aeronaves pilotadas por control remoto destinadas exclusivamente a actividades deportivas, recreativas, de competición y exhibición, así como a las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete no pueden realizarse en un espacio aéreo controlado, salvo en relación con las operaciones que se hagan desde infraestructuras destinadas a aeronaves pilotadas por control remoto, con procedimientos de coordinación acordados.

Tampoco lo pueden hacer en las zonas reservadas, prohibidas o restringidas a la navegación aérea, así como sobre determinadas instalaciones.

La Ley de Seguridad Aérea establece las sanciones que se pueden aplicar por no cumplir con la normativa, que, en el caso de calificarse como graves, podrían llegar hasta los 90.000 euros en caso de operaciones recreativas y hasta los 250.000 euros en caso de operaciones especializadas como la fotografía aérea.