Más de 150 oenegés piden a Marlaska el cese "inmediato" del director del CIE de Aluche

Más de 150 entidades sociales han reclamado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, el cese inmediato del actual director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, ante "las reiteradas violaciones de derechos" denunciadas por las personas allí recluidas.

Estas ONG piden a Interior que adopte "las medidas necesarias para garantizar el respeto de la dignidad y resto de derechos" de las personas retenidas en este centro madrileño. Así, registrarán un escrito de petición formalmente este martes, 9 de julio, a las 11 horas, en la sede del Ministerio del Interior.

Las entidades sociales firmantes ven "urgente" poner fin a esta situación que, tal y como adjuntan al escrito, ha sido corroborada en sucesivos autos judiciales dictados por los Juzgados de vigilancia Cie, entre otros documentos.

"Es necesario prevenir nuevos hechos como los denunciados en el último mes por la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en funciones de control CIE, que en sendos autos ordenó investigar actuaciones policiales ocurridas en el Centro por posible delito de tortura", declaran las ONG.

Tortura tolerada

Según recalcan, "no hay mayor reproche al Estado de Derecho que se toleren la tortura, los malos tratos y la arbitrariedad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre personas sometidas a su custodia".

"Es bajo la responsabilidad del actual director que se constata un uso desmedido e innecesario de medidas de seguridad, un clima intimidatorio y un trato inadecuado, e incluso degradante, hacia las personas internas", sostienen, al tiempo que lamentan que se "tolere", pese a "la innumerable cantidad de las denuncias recabada", que los agentes de servicio operen "sin ir debidamente identificados".

Asimismo, desde las ONG aseveran que, según se desprende de las actuaciones judiciales, "el director obstaculiza o impide a los internos el ejercicio de derechos relevantes establecidos por la Ley, como el Derecho a la Petición de Asilo".

"Cuando el Estado priva de libertad a una persona, se convierte en el garante de sus derechos. Que sea la policía encargada de custodiar quien lesiona esos derechos u obstaculiza su ejercicio resulta especialmente grave y exige la reacción inmediata del Ministro responsable", argumentan.

Las entidades promotoras de la iniciativa son, entre otras, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Pueblos Unidos, el Servicio Jesuita a Migrantes, Red Solidaria de Acogida, la Plataforma CIEs No Madrid, San Carlos Borromeo y Coordinadora de Barrios.