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en tiempos de Ana Botella

Prohíben cautelarmente la venta de las 1.860 viviendas públicas que compró un fondo buitre

Higueras se declara "muy satisfecha" con el auto que respalda que la venta que hizo el PP "fue ilegal"

El Periódico / Agencias

Los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid.

Los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid. / Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decretado la prohibición a Fidere de vender las 1.860 viviendas que adquirió a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que en el 2013 adquirió el fondo de inversión Blackstone y que ahora gestiona está sociedad. 

Así lo ha acordado en un auto, para aceptar las medidas cautelares contra el anterior equipo de la sociedad del PP, en tiempos de Ana Botella, solicitadas por la aAociación de Afectados por la venta de las viviendas de la EMVS.

El auto establece que los responsables de Fidere se abstendrán de proceder a cualquier enajenación o gravamen de los contratos de arrendamiento sobre estos inmuebles.

Higueras, satisfecha con la decisión

La todavía presidenta de la EMVS, Marta Higueras (Más Madrid), se declara"muy satisfecha" con el auto que respalda que la venta de las viviendas de la EMVS que firmó el PP fue "ilegal porque se hizo sin el más mínimo procedimiento y por debajo de su valor". 

La portavoz orgánica de Más Madrid impulsó acciones durante el mandato de Carmena para "devolver a la empresa el capital fraudulentamente vendido y que los responsables de dicha venta respondan" por ella.

"Los delitos de prevaricacion, malversación y fraude son lo suficientemente graves y el juzgado respalda la postura que hemos mantenido junto a la Asociación de Afectados y el PSOE: la venta fue ilegal porque se hizo sin el más mínimo procedimiento y por debajo de su valor", ha indicado la edil. El resultado son "más de 1.800 familias en situación incierta y el patrimonio público dilapidado". En Más Madrid esperan que esta decisión se confirme en la sentencia definitiva. 

El juzgado exige una fianza de 29 millones de euros a los dos acusados en la causa reabierta por la Audiencia Provincial sobre la venta de estas viviendas, Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, y de la que, en caso de no satisfacerla, Fidere responderá subsidiariamente. En el caso de Oslé, además, se fija otra fianza de 3 millones de euros.