El Ayuntamiento de Madrid irá a los tribunales por la compraventa de viviendas públicas a un fondo buitre

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha avanzado que estudiarán "todas las opciones judiciales" una vez que se cuantifique el "agujero" y quebranto patrimonial que puede suponer la diferencia entre el precio de compra por parte de Blackstone de viviendas públicas durante el mandato de Ana Botella y el de venta después de que se haya conocido que el fondo tiene intención de venderlas ahora. 

Tras la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, el delegado ha recordado que la Cámara de Cuentas cifró en 27 millones de euros la cantidad por la que se vendieron las viviendas por debajo de su valor en un proceso que ha calificado de "auténtica vergüenza". "La Cámara de Cuentas ha dicho que el Ayuntamiento de Botella "vendió 1.860 viviendas públicas de todos los madrileños a un fondo buitre como Blackstone por un precio inferior al valor de tasación, ya no a un valor de mercado", ha recordado.

"La prueba del nueve, si verdaderamente se produce esa venta, será el precio que obtenga Blackstone en la venta del paquete que le vendió el Ayuntamiento. En base a esa diferencia sabremos cuantificar con absoluta claridad, en función de un valor de mercado definido (el precio de mercado que pague el comprador), el agujero que le ha supuesto la venta de viviendas del Ayuntamiento de Ana Botella a ese fondo buitre", ha lanzado Calvo. 

El delegado ha recordado que Botella "ya ha sido condenada y que tiene que devolver al Ayuntamiento 23 millones de euros por quebranto patrimonial". "Si se confirma la venta y vemos la diferencia de precios deberían pedir perdón Ana Botella y todos los responsables políticos que avalaron esa compra y los que han estado justificando y haciendo bandera de la gestión de Botella, entre ellos el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida", ha sostenido. 

También ha recordado que el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de nulidad de la venta pero que la decisión final corresponde al consejo de gobierno de la Comunidad, "los mismos que vendieron más de 3.000 viviendas del IVIMA por el mismo procedimiento".