Imputan al exconsejero del PP Alfredo Prada por el Campus de la Justicia

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado en calidad de investigado al que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, así como a tres cargos del proyecto por las irregularidades en el Campus de la Justicia.

En concreto, Prada deberá comparecer ante el juez el próximo 27 de marzo, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños, el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras.

El auto señala en concreto que la sociedad "no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil".

Además, indica que "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".

Cuatro citaciones

De la Mata cita a estas cuatro personas en tanto que responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad que se constituyó para el Campus de la Justicia de Madrid, tras analizar el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 sobre el proyecto, que arroja diversas irregularidades en distintos ámbitos.

En concreto, revela la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado y un archivo de documentación que era "un verdadero caos".

Destaca que en materia de personal, "no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores", las nóminas y los documentos de la Seguridad Social "aparecieron desperdigados y por periodos incompletos" y pese a haber indicios de despidos que llegaron a la vía judicial, "no se dispuso de ningún expediente completo".

Ese documento expone que el CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. Había 432 cajas con documentación dispersa y desordenada, generando "gran incertidumbre acerca de los expedientes que realmente se tramitaron".

Asimismo, revela la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios y deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado.

Discrecionalidad en las adjudicaciones

En lo relativo a contratación y pagos, ese informe de la Cámara de Cuentas describe, como resume De La Mata, "irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados".

De la Mata destaca las supuestas irregularidades en el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007 pues para empezar, "no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad", en algún caso no hay pliegos y "prácticamente todas las licitaciones" se han basado en criterios "que tienden a suplir la falta de precisión en la definición de las prestaciones exigiendo a los licitadores que la completen", es decir "confiándose" a estas entidades.

Esta falta de concreción "permite excesiva discrecionalidad" en la evaluación de las ofertas, según expone De La Mata, quien apunta que "los parámetros concretos de la valoración de los diferentes criterios quedan sin posibilidad de control, al arbitrio de quien realiza el informe de valoración de las ofertas".