Carmena destaca el "dolor insuperable" tras la detención de García Juliá

La alcaldesa de Madrid y compañera de los abogados de Atocha, Manuela Carmena, ha encuadrado la detención en Brasil de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de 1977, dentro del cumplimiento del ciclo de la Justicia y ha hecho un llamamiento a "pensar en el dolor absolutamente insuperable".

Carmena era la titular del despacho laborista y también tendría que haber estado en Atocha el día de los asesinatos. Tenía prevista una reunión que cambió por una llamada de teléfono, a última hora, a otro lugar cercano. Una llamada de teléfono salvó de la muerte a la regidora.

"Carlos García Juliá, condenado por el asesinato de mis compañeros, los abogados de Atocha, se había fugado de la Justicia. Lo mejor que puede pasar es que el ciclo de la Justicia se cumpla", ha declarado la regidora en unas manifestaciones facilitadas por el Ayuntamiento.

"Hay que pensar en el dolor de las víctimas, en el dolor absolutamente insuperable que hizo que aquellos compañeros nuestros de despacho, que aquellos jóvenes, como éramos entonces, no pudieron vivir su vida, que la sesgaron él y otras personas como él", ha señalado.

La Policía de Brasil ha detenido a Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha de 1977, y que se encontraba en búsqueda y captura por una orden emitida por la Audiencia Nacional.

García Juliá fue condenado a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos en el despacho de los abogados laboralistas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo condenó en 1980 por formar parte de un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España".

Huyó durante un permiso

La Audiencia Nacional se volvió a dirigir al Ministerio de Justicia para saber el estado del expediente de García Juliá en diciembre del 2016, cuando se estaba a punto de cumplir los 40 años de la matanza llevada a cabo el 24 de enero de 1977 por pistoleros de extrema derecha.

La Justicia española seguía a la espera de que el Gobierno de Bolivia se pronunciara sobre la solicitud de extradición de uno de los autores del crimen, García Juliá, que huyó durante un permiso otorgado en 1992 y años después fue localizado en el país latinoamericano, donde se le detuvo por tráfico de drogas.

En el 2001 la Audiencia Nacional, a petición de Izquierda Unida, solicitó la extradición de García Juliá, quien aprovechó que había adquirido la libertad condicional en 1992 para escapar del país. Cinco años después fue localizado en una prisión de La Paz (Bolivia) por un asunto de tráfico de droga. Las investigaciones apuntaban a que los beneficios de la compraventa de droga iban destinados a financiar grupos parafascistas.

La Audiencia Nacional ha mantenido abierta la petición de arresto para García Juliá al objeto de que cumpla en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.