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'CASO LEZO'

Gallardón dice que le duele que le pregunten si cobró comisiones

Dice que "jamás" lo ha hecho y defiende la compra de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II

Ángeles Vázquez

Alberto Ruiz-Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón / JUAN MANUEL PRATS

Prácticamente mientras la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, tomaba posesión de su cargo, su predecesor Alberto Ruiz-Gallardón declaraba en la Audiencia Nacional por el 'caso Lezo'. El expresidente madrileño, que salió "muy satisfecho" de su declaración, se permitió, incluso decirle a la fiscala Ana Cuenca que entendía que le preguntara si cobró comisiones, pero "le dolía" la pregunta. La respuesta consistió en un "jamás".

La declaración del también exalcalde de Madrid ha puesto fin de momento a las previstas de momento en relación con la compra por el Canal de Isabel II en 2001 de la empresa colombiana Inassa por 73 millones de dólares. El juez Manuel García-Castellón ha tomado declaración como imputados a los miembros del consejo del Canal de Isabell II y a los del Consejo de Gobierno Manuel Cobo, Carlos Mayor Oreja y el propio Gallardón.

Según Gallardón, la adquisición de la gestión del agua de Barranquilla "se hizo con el mejor y el más absoluto de los convencimientos de que era bueno para el Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid y por tanto para los madrileños" y, "de acuerdo con la legalidad, con todos los informes jurídicos favorables".

Añadió que "el tiempo ha demostrado que fue una buena decisión por parte del Canal", en la línea que han mantenido el resto de imputados que argumentan la revalorización de la entidad para negar el problema de la compra, entre ellos sus exconsejeros Manuel Cobo (Presidencia) y Carlos Mayor Oreja (Medio Ambiente).

El exministro de Justicia, que se mostró confiado en que "cuando acaben las diligencias que se están haciendo se certifique que las cosas se hicieron bien", explicó que la decisión de adquirir Inassa a través de una sociedad panameña, punto principal en el que Anticorrupción basa la imputación, fue "la condición que impusieron los vendedores", según habían explicado ya ante el magistrado los exresponsables de la empresa pública de agua madrileña imputados.   

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