POLÉMICA CON AGUIRRE POR LAS SEDACIONES
Muere Luis Montes, el doctor que luchó por la muerte digna tras ser acusado de aplicar la eutanasia a 400 enfermos
El excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés sufrió un infarto a bordo de su coche

El doctor Montes, en el centro con barba / .2874834
El que fuera director del Hospital Severo Ochoa de Leganés y presidente de la Asociación Federal 'Derecho a Morir Dignamente', Luis Montes, ha fallecido este jueves a la edad de 69 años, según ha anunciado hoy la portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carmen San José.
Tras conocer su fallecimiento en el Pleno de la Cámara regional, los diputados de la bancada socialista y de Podemos han querido hacerle una ovación en reconocimiento a su lucha "incansable" a favor de la muerte digna.
Montes fue director del Hospital Severo Ochoa de Madrid. En 2005, la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre le llevó a los tribunales a raíz de dos denuncias falsas que aseguraban que había aplicado la eutanasia a 400 enfermos. Por esto, quiso limpiar su honor llevando a la Justicia a la entonces cúpula de la Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Junto con el doctor Miguel Ángel López Varas, denunció en 2009 por un presunto delito de denuncia falsa al entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y a otros cargos madrileños de este ámbito. La querella se archivó.
La querella se dirigió también contra seis médicos que participaron en un informe encargado por Sanidad en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la 'lex artis', un hecho que nunca se demostró.
Desde 2009, se puso al frente de la Presidencia de la asociación Derecho a Morir Dignamente, asociación que defiende la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos hospitalario y extrahospitalarios, a la sedación, la implantación y difusión del testamento vital, y el derecho a la autonomía del paciente, así como el respeto a su voluntad y libertad individual.
En abril de 2011 se conoció la sentencia por la que se condenaba a Miguel Ángel Rodríguez, antiguo portavoz del gobierno de José María Aznar al pago de 30.000 euros como autor de un "delito continuado de injuria grave realizado con publicidad" contra el doctor.
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