08 abr 2020

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    Análisis

    Legalidad y legitimidad

    Javier Pérez Royo

    Los programas electorales nunca se cumplen al cien por cien. La realidad siempre impone desviaciones. Esto, que es así siempre, lo es todavía mucho más cuando hay que hacer frente a una situación de emergencia. Todo el mundo puede entender que el presidente del Gobierno se haya desviado del cumplimiento del programa con el que se presentó a los ciudadanos el pasado 20-N.

    Ahora bien, si la desviación no es puntual sino que supone la contraposición frontal entre lo que se prometió que se iba a hacer y lo que se está haciendo, el Gobierno no tiene más remedio que reflexionar sobre la legitimidad de la mayoría que le otorgaron los ciudadanos en las urnas. ¿Puede realmente considerar Mariano Rajoy que con la legitimidad que le proporcionaron los ciudadanos el 20-N para aplicar el programa con el que se presentó a las elecciones tiene cobertura para hacer todo lo contrario?

    Este es el interrogante que el Gobierno del PP y la sociedad tienen que plantearse. Y la respuesta se impone por sí misma. El PP tiene la legalidad para tomar las decisiones que le parezcan oportunas. Y la tiene para los cuatro años de la legislatura. Es indiscutible. Pero, ¿tiene la legitimidad para poder hacerlo? ¿Puede considerarse que mantiene la confianza ciudadana para hacer lo contrario de lo que prometió que iba a hacer?

    La tensión entre legalidad y legitimidad es la tensión que preside todos los momentos de cambio. Su máxima expresión se produce en momentos revolucionarios o de cambio de régimen. El poder legal deja de ser percibido como legítimo. La legitimidad siempre acaba imponiéndose.

    En España estamos viviendo un momento en el que está empezando a expresarse esa tensión entre legalidad y legitimidad. El Gobierno tiene el poder, pero está empezando a carecer de autoridad. Sigue actuando como si fuera noviembre del año pasado y el depósito de confianza que recibió de los ciudadanos estuviera intacto. Y no es así. Se ha quedado completamente solo en las Cortes y se está quedando solo en la calle.

    Por si solo el Gobierno no puede recuperar la legitimidad que la dirección política del país exige. En un momento tan dramático como el que vivimos es sencillamente imposible. Cuanto más tarde en entenderlo, peor para todos. Es la propia fórmula de gobierno la que puede verse puesta en cuestión.

    Tampoco se puede recuperar la legitimidad en el tiempo en que hay que hacerlo, porque la realidad apremia, mediante la convocatoria de elecciones. El PP tiene que seguir gobernando, pero tiene que hacerlo de otra manera. Tiene que dejar de lado la actitud ventajista de aprovechar la crisis para imponer su programa ideológico: recentralización, desnaturalización del Estado social y democrático de derecho, aborto, control gubernamental de los medios de comunicación, modelo educativo, etcétera. Tiene que buscar el acuerdo con las comunidades autónomas, con los demás partidos, con sindicatos y asociaciones empresariales y hacer visible a la sociedad que hay un programa nacional pactado para salir de la crisis, que no es de nadie y que, justamente porque no es de nadie, puede ser de todos. En dicho programa debería contemplarse una hoja de ruta para reformas institucionales y para la fijación conjunta de un calendario electoral.