El Supremo de EEUU permite a Trump avanzar en sus restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este lunes a la Administración de Donald Trump seguir preparando nuevas restricciones al voto por correo a 10 semanas de las elecciones legislativas de medio mandato, el 3 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

El presidente ha emprendido desde hace años una campaña de desinformación contra el voto por correo, repitiendo, sin pruebas, que permite el fraude electoral. La importancia política radica en que es el votante progresista el que tiende a usar más este recurso y, en unos comicios tan ajustados, acotarlo podría implicar que, en los estados más reñidos, los republicanos consiguieran suficiente ventaja dejando fuera el voto ausente.

La decisión, aprobada por los seis magistrados conservadores frente a las tres juezas progresistas, levanta uno de los bloqueos impuestos por una jueza federal de Massachusetts a una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo. El matiz es que el Gobierno puede, de momento, avanzar en la imposición de restricciones, pero el fallo no determina su legalidad y otra orden judicial mantiene paralizadas algunas medidas para 2026, pero da a Trump luz verde para, de momento, seguir avanzando en su plan.

Permiso provisional

El Supremo aceptó el argumento de Trump de que mantener congelada la orden podía causarle un "daño irreparable" al sistema electoral. Consideró, en cambio, que los 23 estados y el Distrito de Columbia que la impugnaron no habían acreditado todavía un perjuicio suficiente, porque las nuevas reglas aún no se han aplicado. La resolución es provisional: las medidas podrían acabar siendo declaradas ilegales. "El tiempo lo dirá", señala el auto.

La clave del conflicto está en quién tiene las competencias electorales. En Estados Unidos, los estados organizan las elecciones y gestionan sus censos, mientras el Congreso puede fijar reglas federales. Los demandantes, encabezados por fiscales generales demócratas, sostienen que Trump intenta asumir mediante una orden presidencial facultades que no le corresponden, violando la separación de poderes. El Supremo entiende, por ahora, que parte del decreto es una directiva interna federal y todavía no obliga a los estados.

Qué quiere hacer Trump

La orden ejecutiva de Trump encarga al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas estatales de los ciudadanos mayores de 18 años el día de las elecciones y enviarlas a las autoridades electorales de cada estado. La Administración quiere utilizarlas para revisar los censos electorales y detectar a personas sin ciudadanía estadounidense, si bien, en principio, los estados siguen gestionando sus registros y una lista federal por sí sola no modifica automáticamente el censo.

La segunda parte del proceso es la que involucra al Servicio Postal, que participa en el envío de millones de papeletas. La orden establece que no tramite ciertas papeletas correspondientes a personas ausentes. El Servicio Postal dijo la semana pasada que no iba a usar estas listas en las elecciones de 2026, a no ser que el Supremo diera luz verde a la Administración Trump, que es exactamente lo que ha sucedido.

Trump sostiene que estas medidas son necesarias para impedir el voto de no ciudadanos y combatir un supuesto fraude electoral masivo. Desde la campaña de 2016, Trump ha tratado de vincular el descontento migratorio con el fraude electoral, sin aportar prueba alguna. Las normas actuales tampoco permiten a los no ciudadanos votar, sea en persona o por correo. Una jueza federal destacó recientemente la falta de respaldo probatorio sobre una supuesta práctica extendida de voto ilegal o fraudulento. En cambio, esto impediría el voto ausente por correo, del que millones de americanos se benefician, incluido el propio Trump en las presentes elecciones primarias republicanas, al votar desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, en lugar de desde el estado de Nueva York, donde está censado.

"Caos e incertidumbre"

El calendario añade presión. Aunque faltan 10 semanas para la jornada electoral, el voto anticipado empieza antes en numerosos estados y las papeletas por correo se distribuyen con antelación. Los estados demandantes sostienen además que errores en las listas federales podrían excluir a electores con derecho a voto y dejarles poco tiempo para corregir su situación.

Las tres juezas progresistas votaron en contra. Fue el caso de la magistada Ketanji Brown Jackson, que advirtió de que, con la decisión, la mayoría conservadora de la corte "inyecta innecesariamente caos e incertidumbre" en unas elecciones ya próximas y cuestionó cuándo podrán los estados acudir a los tribunales si consideran que el Ejecutivo federal interfiere de manera inconstitucional en sus procesos electorales. Su discrepancia pone el foco en el riesgo de esperar a que las reglas estén desplegadas para impugnarlas.

La decisión del Supremo provocó críticas de dirigentes demócratas y organizaciones de derechos civiles. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, la calificó de "duro revés", mientras el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, recordó que los estados –y no la Casa Blanca– gestionan las elecciones y anunció nuevas acciones judiciales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles anunció que seguirá intentando bloquear la orden presidencial por considerar que invade competencias del Congreso y de los estados.

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