HRW pide a De la Espriella medidas para poner fin al reclutamiento infantil por parte de los grupos armados en Colombia

La Defensoría del Pueblo ha elaborado su propio mapa del horror en una Colombia que acaba de girar radicalmente en materia de seguridad con la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella. Las remanencias de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz en 2016 operan en 372 municipios. El Clan del Golfo, principal grupo narcotraficante, actúa en 509 municipios. El ELN, la guerrilla con la que Gustavo Petro quiso y no pudo negociar el fin de sus actividades, tienen presencia en 260 municipios. En lo que se parece cada facción es en la presencia de menores. "Un adolescente abre TikTok en cualquier territorio del país y se encuentra con hombres vestidos de camuflaje que exhiben armas, fajos de billetes y la vida dentro de un grupo armado. Si muestra interés, el algoritmo de las redes sociales le recomienda más contenido parecido y, si pregunta cómo unirse, la conversación puede continuar por mensajes privados y terminar en una oferta de transporte hacia otra región", describe la revista Cambio. "Para entonces, las instituciones que deben protegerlos probablemente ya van tarde". Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, las redes sociales y las plataformas fueron el mecanismo de reclutamiento en un 44% de los casos. Así lo ha constatado también la Defensoría del Pueblo. A partir de sus conclusiones, Human Right Watch (HRW) le ha pedido a De la Espriella que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños. Unos 1.500 caen al año en sus garras.

El documento titulado 'Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá' da cuenta de la "impunidad" con la cual los grupos armados se nutren de menores. Cada uno de ellos que llega a las filas de alguna de esas formaciones es "un indicio del fracaso del Gobierno", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, al comentar la evaluación de la Defensoría. HRW pide al presidente de ultraderecha que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento, sobre la base de un presupuesto suficiente, y que además refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.

El 60% de los niños cooptados entre 2020 y 2025 fueron varones y el 40% niñas. Tanto el Ministerio de Defensa como el informe de la Defensoría coinciden en que la edad promedio de los menores oscila entre 15 y 16 años. Sin embargo, en más del 30 % de los casos reportados la edad baja hasta los 9 o 10 años. El reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi 5 de cada 10 casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.

Uso de drones

Los menores no solo son utilizados para el combate. Han comenzado a manejar drones, cuyo uso se incrementó un 146% con el saldo de 21 personas muertas y 125 heridas. "La expansión de estos ataques hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas evidencian una transformación del conflicto armado que exige una estricta observancia de las normas del derecho internacional humanitario", dice el informe.

Sobre la base de entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, así como miembros de otras organizaciones de derechos humanos, HRW advierte por su parte que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio". Esta es la misma percepción de la Defensoría del Pueblo, que en su apartado Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir le propone al flamante presidente la adopción de un abanico de medidas que ponen en entredicho su política de seguridad basada principalmente en la "mano dura" en todos los frentes. De la Espriella ha puesto fin a todo tipo de conversaciones. La solución es, a su juicio, militar. "Este documento es una invitación a preservar lo alcanzado como sociedad y a afrontar los desafíos persistentes para seguir fortaleciendo la garantía efectiva de los derechos humanos", advierte, sin embargo, la Defensoría. Las administraciones precedentes no han podido resolver parte de los problemas sociales en las zonas de conflicto: pobreza monetaria, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al cuidado, al trabajo, a la vivienda, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y de los privados de la libertad, los daños al medio ambiente, la deforestación y la minería ilegal.

Cifras espeluznantes

El balance de orden público que recibe el gobierno de ultraderecha arroja cifras lamentables: 2026 ya es el año más violento de la última década y según la Defensoría, desde el 1 de enero 2019 hasta el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres con 2.380 víctimas mortales. Desde la firma de paz a la fecha se han registrado 521 asesinatos de sus firmantes y 1.743 de líderes sociales. "A pesar de la estrategia de 'paz total' del presidente Gustavo Petro, el año 2025 se caracterizó por uno de los peores balances humanitarios", coincidió HRW. El organismo reconoce no obstante que durante la pasada administración el país sudamericano registró "una disminución en el número de violaciones denunciadas cometidas por las fuerzas de seguridad". Lo que ha quedado pendiente son "la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado y las reformas para garantizar la no repetición" de esos hechos.

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