Un tribunal federal anula la suspensión de visados ordenada por Trump para 75 países

Un tribunal federal de Estados Unidos ha anulado la suspensión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países que la Administración de Donald Trump mantenía en vigor desde enero. La justicia considera que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus competencias al aplicar una medida que impedía conceder los permisos incluso a personas que cumplían los requisitos para obtenerlos.

La decisión fue adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York Jeannette Vargas, que en una sentencia de 61 páginas calificó la prohibición de "manifiestamente ilegal". La magistrada cuestionó además uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno estadounidense para justificarla: el supuesto riesgo de que los solicitantes procedentes de esos países acabaran convirtiéndose en una "carga económica" para Estados Unidos.

Según Vargas, la directiva obligaba a los funcionarios encargados de tramitar los visados a rechazarlos incluso cuando los solicitantes reunían las condiciones necesarias y existían indicios de que podrían mantenerse por sus propios medios. Ese procedimiento, concluyó la jueza, chocaba con la obligación de examinar individualmente cada solicitud.

Decenas de países

La suspensión afectaba a ciudadanos de 75 países y alcanzaba a varias naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

La lista incluía asimismo países como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen. La medida permanecía vigente desde el pasado enero y había bloqueado desde entonces la concesión de numerosos visados de inmigrante.

Entre quienes llevaron la política ante los tribunales figuran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas citando expresamente la nueva directiva. También participaron en la demanda seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron que la prohibición había perjudicado a familiares suyos en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según recoge 'The New York Times'.

La sentencia no se limita, además, a dejar sin efecto la suspensión de cara al futuro. El fallo revoca también las denegaciones de visado que se sustentaron exclusivamente en esta política, lo que abre la puerta a que miles de expedientes ya tramitados puedan volver a ser examinados.

"Una victoria significativa"

Las organizaciones que impulsaron el caso celebraron la resolución. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, aseguró que supone una "victoria significativa" para los cientos de miles de familias que, según denunció, vieron alteradas sus vidas por una política que calificó de "ilegal y discriminatoria".

A su juicio, la sentencia deja claro que las leyes migratorias estadounidenses no pueden utilizarse para justificar discriminaciones. En la misma línea se pronunció la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, que consideró el fallo un "contundente rechazo" a una medida que, aseguró, provocó importantes perjuicios a familias y comunidades.

Perryman sostuvo además que la Administración Trump no puede utilizar la legislación migratoria para vetar de forma generalizada a ciudadanos de determinados países, separar familias o negar derechos constitucionales sin someterse al control de los tribunales.

Por el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado se han pronunciado sobre la sentencia ni han avanzado si recurrirán la decisión judicial.