La inmigración, principal motivo de los países europeos para imponer controles internos en Schengen

La crisis de Ceuta ha puesto en el punto de mira los controles fronterizos internos en el espacio Schengen, que permite la libertad de movimiento en Europa, pero lo cierto es que una medida que debía ser excepcional se ha convertido en la norma en la última década. EL PERIÓDICO ha analizado 10 años de controles, qué países recurren más a ellos y por qué.

El espacio Schengen lo conforman todos los países de la UE excepto Irlanda y Chipre, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Estos países aplican las mismas normas a la hora de controlar las fronteras exteriores, tienen una política común de visados y mantienen una intensa cooperación policial y judicial. En la práctica, esto permite eliminar los controles fronterizos internos.

El Código de Fronteras Schengen, las normas por las que se rige el espacio, da la posibilidad a los gobiernos de restablecer "temporalmente" controles en la totalidad o en tramos específicos de la frontera "en caso de una grave amenaza para el orden público o la seguridad interior". Esa medida debe "limitarse a situaciones excepcionales y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad". El código iniste en que debe ser el último recurso.

En los últimos 10 años, los países miembros han notificado a la Comisión Europea 465 controles fronterizos temporales. EL PERIÓDICO ha analizado cuáles son los países que más recurren a esta medida, qué motivos alegan para hacerlo y cómo difieren las distintas prácticas de un país a otro. Solo cinco países del espacio Schengen, Croacia, Grecia, Letonia, Liechtenstein y Luxemburgo no han recurrido a esta opción en la última década.

Austria, Alemania y Noruega

Tres países destacan por encima de la media como los que más controles han introducido en estos 10 años: Austria (65), Alemania (47) y Noruega (44). Estos países suman un tercio del total de controles. Aunque lo cierto es que la cifra no cuenta toda la historia. Buena parte de los controles se han alargado durante los seis meses máximos que permite la ley, pero también hubo controles de solo unas semanas, que se iban renovando, especialmente durante la pandemia del covid 19.

Además, los tres tienen en común el principal motivo que alegaron para introducir los controles fronterizos: la inmigración. La justificación, sin embargo, varía. En algunas ocasiones, los países aluden a la saturación de los centros de acogida, en otras, a problemas de seguridad derivados de los movimientos entre países Schengen, o incluso a la posible infiltración de terroristas en los flujos migratorios.

Gran parte de los controles vinculados a la inmigración por parte de las autoridades austríacas y alemanas se han impuesto en las fronteras terrestres y, por lo tanto, a países fronterizos. De hecho, Alemania y Austria son los países que más veces se han impuesto controles entre ellos. En el caso de Noruega, sin embargo, la mayoría de los controles vinculados a la migración se imponían a las conexiones en ferry desde Dinamarca, la propia Alemania y Suecia.

La peculiaridad del caso francés

Francia es el séptimo país que más controles fronterizos temporales ha introducido con sus países vecinos, pero su caso es algo peculiar. La mayoría de esos controles se introdujeron en respuesta a una amenaza terrorista. En los últimos 10 años, el país ha vivido varias decenas de ataques considerados como terroristas con múltiples víctimas mortales en París, Estrasburgo o Carcassonne.

La mayoría de los 24 controles notificados por las autoridades francesas fueron de los seis meses máximos que permite la ley. La otra peculiaridad del caso francés es que casi todos los controles se impusieron en todas las fronteras, con todos los países, algo poco habitual en la práctica del resto de gobiernos.

Eventos importantes

Si analizamos la última década, 2020 fue el año en el que más controles se impusieron. Una amplísima mayoría como consecuencia de la pandemia del covid que asoló el continente. De hecho, países como Finlandia, Portugal o Islandia no habían impuesto controles nunca antes, salvo con motivo de la organización de eventos.

Precisamente, algunos países han justificado la introducción de controles fronterizos con motivo de la organización de eventos multitudinarios. Es habitual que los países refuercen los controles cuando acogen una reunión del G7, una cumbre informal o algún evento deportivo como una final de Champions o una Eurocopa.

Por otra parte, la actualidad internacional tiene a menudo también un impacto importante en las dinámicas internas de Schengen. La invasión rusa de Ucrania llevó a muchos países a aludir al posible tráfico de armas, a los ataques híbridos de Rusia contra los aliados, pero también a la huida masiva de personas desde territorio ucraniano para imponer controles. Además, por ejemplo, desde los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, algunos países aluden al antisemitismo como justificación para introducir controles fronterizos.

El caso Italia-España

Analizando la última década, el gran tema que los gobiernos utilizan para justificar los controles es la inmigración. De los 24 países que han introducido controles en los últimos 10 años, 18 citaron los flujos migratorios como motivo para hacerlo. Para 10 de ellos, Austria, Alemania, Noruega, Dinamarca, Chequia, Polonia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Países Bajos, es el principal motivo.

En este sentido, la decisión de Italia de imponer controles a los pasajeros procedentes de España no sería excepcional. Sin embargo, es poco habitual que un país imponga controles fronterizos sobre otro con el que no comparte una frontera terrestre aludiendo a los flujos migratorios como justificación. De hecho, el Gobierno italiano solo había introducido controles en su frontera con Eslovenia. Por eso, también la respuesta de España es peculiar.

La politización de Schengen

La libertad de movimiento es la piedra angular de la construcción europea y Schengen, el marco legal que la garantiza. Esa libertad es el mayor beneficio tangible de la pertenencia a la UE y la base de su desarrollo económico. La crisis en Ceuta ha avivado el debate sobre su funcionamiento, con la política migratoria como arma arrojadiza.

Italia, uno de los principales países de entrada a Europa, llamó a suspender la participación de España en el espacio de libertad de movimiento. Otros países han advertido de que sin una política migratoria más dura, es esa libertad lo que está en juego. Pero Schengen y la política de visados comunitaria se han utilizado como palo o zanahoria para negociar con terceros países, politizando el acceso al espacio.

Lo cierto es que a menudo no son los ciudadanos europeos quienes menos sufren esos controles, que están enfocados en realidad a ciudadanos de terceros países. Pero imponerlos tiene un coste. La Comisión Europea ha encargado un informe sobre el impacto económico que tendría reintroducir todos los controles fronterizos internos.

Los controles, en cuestión

En su informe anual sobre el estado de Schengen, Bruselas advirtió el pasado mes de mayo que "si bien el control de las fronteras internas puede contribuir a abordar las preocupaciones de algunos Estados miembros en materia de migración y seguridad, existen alternativas y soluciones más eficientes y eficaces". El Ejecutivo comunitario apuntó a la cooperación policial y judicial, los controles dentro del territorio "no sistemáticos" como alternativas.

La Comisión aseguró mantener "su compromiso de defender los principios de libre circulación y seguridad en todo el espacio Schengen". Sin embargo, rara vez cuestiona las decisiones de los gobiernos y evita valorar la proporcionalidad de las mismas. Tras la decisión de Italia en respuesta a la crisis de Ceuta, a pesar de que no comparte frontera con España, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, se limitó a decir que entendía la decisión de las autoridades italianas "porque los ciudadanos de Europa están preocupados".

Los datos muestran que, más allá de las evidentes diferencias geográficas, la estrategia de unos países a otros varía. Mientras que los gobiernos austríaco y alemán han hecho de los controles internos la norma más que la excepción, otros en contextos similares como Bélgica o Países Bajos buscan alternativas ante retos similares.

Bruselas confía en que la entrada en vigor del nuevo pacto migratorio, la regulación para acelerar los retornos, el sistema para registrar las entradas y salidas al espacio Schengen y el refuerzo de las fronteras externas de la UE ayuden a limitar estas medidas. En 2025, la UE ya registró un descenso de las llegadas irregulares del 25% y logró su mayor tasa de deportaciones en los últimos 10 años, un 28%.

"Nos encontramos en un momento crucial para la gestión de fronteras y migración", aseguró Brunner, en un comunicado con motivo de la publicación del informe. El comisario destacó la importancia de la entrada en vigor de estas legislaciones, aunque también reconoció que seguimos enfrentándonos a nuevos retos y amenazas a diario". Ceuta es solo una muestra.

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