Entra en vigor la nueva directriz que obliga a los espacios públicos a segregar por sexo biológico en el Reino Unido

Los espacios públicos en el Reino Unido estarán obligados a segregar por sexo biológico a partir de este miércoles tras la entrada en vigor de la nueva directriz de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, en sus siglas en inglés), la cual recibió el visto bueno del Parlamento británico el pasado mayo. Su implementación llega más de un año después de la polémica sentencia del Tribunal Supremo que limitó la definición de mujer y de hombre únicamente a las personas nacidas con sexo femenino y masculino, respectivamente.

La directriz ofrece una guía para los proveedores de servicios en Inglaterra, Gales y Escocia con pautas sobre cómo proceder a la hora de aplicar los cambios en instalaciones como gimnasios, pubs u hospitales en base a la sentencia del Supremo. Se estima que cerca de 13.000 aseos y unos 5.000 vestuarios se verán afectados, según cálculos de la agencia Associated Press, obligando a los responsables de las instalaciones a ofrecer espacios de sexo neutro para las personas trans siempre que sea necesario.

La sentencia del tribunal, dictada en abril de 2025, determinó que las personas trans no pueden ser consideradas según su género autoasignado, sino según su sexo de nacimiento, incluidas las cerca de 9.000 personas que cuentan con un certificado de reconocimiento de género. Algo que provocó una enorme polémica y grandes divisiones entre los colectivos de defensa de las personas trans y las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres con sexo biológico femenino.

Rechazo del colectivo trans

"Esto es una injusticia que va totalmente en contra de la intención del Parlamento de garantizar la igualdad de las personas trans y el reconocimiento legal de su género", señaló a mediados de julio la organización Trans+ Solidarity Alliance. "Esta injusticia acabará por subsanarse, pero cada día que pasa el daño a las personas trans es mayor". La entidad sostiene que el nuevo código provocará un "perjuicio generalizado" y advierte de que los miembros del colectivo quedarán expuestos a mayores riesgos y su acceso a servicios esenciales se verá "aún más limitado".

A pesar de la sentencia del Supremo y de la publicación de la nueva directriz, algunas administraciones públicas han expresado su intención de no seguir las pautas de la EHRC. Es el caso del distrito de Lambeth, en el sur de Londres, el cual aprobó en sesión plenaria una moción que condena el código por ser "incoherente y contradictorio, discriminatorio e imposible de aplicar de manera razonable y proporcionada". El distrito, liderado por los Verdes, ha pedido asesoramiento legal para examinar las posibles consecuencias de desobedecer la guía.

A pesar de tener respaldo legal, el cumplimiento de la nueva directriz se examinará caso por caso, siempre y cuando se presente una denuncia por parte de particulares, organizaciones sociales o de la propia EHRC. Algo que ha provocado las críticas de las defensoras de la medida, que lamentan la falta de medios de la EHRC para monitorizar la correcta implementación de los cambios. El organismo, sin embargo, ha insistido en que supervisará el cumplimiento de la ley y adoptará "medidas coercitivas" cuando sea proporcionado y necesario. "Analizamos todos los supuestos casos de incumplimiento y basamos cualquier decisión de intervenir en nuestro modelo regulador y nuestro marco de toma de decisiones, ambos bien consolidados", ha señalado.

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