Corrupción estatal y redes de crimen organizado vulneran los derechos de migrantes varados y deportados por EEUU en México

Los viernes por la tarde, Xico López Aguilar tomaba el autobús de Tenosique, en la frontera mexicana con Guatemala, hasta Villahermosa. Era titular de la visitaduría regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, encargada de temas migratorios. En el mismo transporte viajaban migrantes que, pese a estar regularizados, temían ser detenidos o extorsionados en retenes. López Aguilar les avisaba de que haría el mismo trayecto y de que, si les paraban, intervendría.

"Cuando recibían su refugio y querían trasladarse a otra ciudad, siempre los paraban y los trataban de extorsionar", cuenta López Aguilar a EL PERIÓDICO. Miles de migrantes acaban varados en México porque no pueden cruzar a EEUU o porque son deportados allí por la Administración de Donald Trump como nacionales de un tercer país. Sobre el papel, el Estado mexicano reconoce el derecho al refugio, a la información, a la defensa y a la protección frente al delito. En la práctica, muchos encuentran corrupción y autoridades que alimentan un sistema del que también se benefician las redes de tráfico de personas.

Corrupción en el trámite

Con López Aguilar al frente de la oficina regional, se registraron cerca de 1.000 casos de violaciones de derechos de personas migrantes y refugiadas solo en Tabasco, frente a los 20 o 30 anuales que solía recibir esa delegación en casi 20 años de historia. Su labor, limitada al principio a orientar sobre derechos y presentar quejas, acabó en amparos, acompañamientos y gestiones ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). 

"Las personas que están en esas instituciones no ven el cargo que ocupan como una forma de apoyo a las personas en tránsito, sino como un negocio. Hay demasiada corrupción", sostiene. El licenciado relata que en COMAR se pedían pagos para avanzar solicitudes de refugio. Conoció casos de personas que entregaron hasta 20.000 pesos —unos 1.000 euros— sin conseguir que su expediente se resolviera.

También denuncia retenes con horarios pactados: transportes que pasaban porque quienes viajaban ya habían pagado. "Tienen como una ventana que se abre por la corrupción", afirma. Retrasar una cita, negar información sobre una detención o impedir el movimiento de una persona documentada empuja a los migrantes hacia gestores, abogados, traficantes o redes criminales. "La cuestión migratoria les genera recursos. Por eso ponen tantas trabas, con la finalidad de desesperar a la persona migrante", resume López Aguilar.

Andrés, cubano ya regularizado en México, describe la misma dinámica. "Buscan quebrarte para extorsionarte", afirma. Según su relato, los obstáculos administrativos retrasan la protección y empujan a las personas hacia intermediarios alrededor de oficinas migratorias. "En Migración siempre hay trámites que no se hacen para que esas personas puedan captarlos", sostiene. "En la desesperación de que te vuelvan a negar el refugio, terminas cayendo de nuevo en sus manos".

"Te proponen llevarte a Estados Unidos o a otro estado pagando dinero", asegura sobre esos intermediarios. Andrés denuncia la impunidad con la que abordan a migrantes cerca de las oficinas migratorias: "Se sienten protegidos por Migración y por el narco". Él consiguió regularizarse tras años de litigio y ahora trabaja como obrero en un complejo hotelero.

Redes con información pública

La explotación de migrantes funciona como una red donde participan actores públicos, privados y criminales, según Guadalupe Correa-Cabrera, profesora en George Mason University y experta en crimen transnacional. "No es que los narcos tengan toda esa infraestructura. Son redes que ya existían y que saben que pueden extorsionar y extraer rentas de seres humanos que vienen de otras partes", explica.

Saber quién llegó, dónde duerme, con quién viaja, si tiene familiares en Estados Unidos o si puede pagar permite identificar a quién extorsionar o reclutar. Correa-Cabrera señala a agentes públicos dentro de ese circuito: "El Instituto Nacional de Migración ha hecho un trabajo espectacular de inteligencia para estas redes. Saben dónde llegan, con quién están y quién tiene familiares en Miami".

"Cada zona del país ya tenía redes de tráfico humano, que incluyen a empresarios de lo lícito y lo ilícito, grupos armados, policías locales, policías estatales y agentes federales del Instituto Nacional de Migración", sostiene. La explotación se alimenta de intereses criminales, funcionarios corruptos y presión migratoria estadounidense: "La respuesta no es simple. Esta red ilícita se nutre de corrupción, impunidad y políticas restrictivas de Estados Unidos".

A López- Aguilar, su implicación le costó investigaciones internas y acusaciones falsas de lucrarse con migrantes, el mismo negocio que denunciaba dentro de las instituciones. Consiguieron apartarlo del cargo pero, ahora ya desde Villahermosa, no ceja en la defensa de los derechos humanos de la comunidad en la que vive.

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