Australia demanda a Telegram por presuntos fallos para retirar contenido terrorista

El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, inició este jueves un procedimiento civil ante el Tribunal Federal contra el servicio de mensajería Telegram por presuntos incumplimientos de la legislación australiana al no detectar ni retirar de forma diligente contenido de propaganda terrorista y otros materiales ilícitos de la plataforma. Según informó eSafety en un comunicado, la investigación, que se prolongó durante un año, concluyó que el servicio de mensajería habría incumplido las obligaciones previstas en la Ley de Seguridad en Línea australiana, al permitir que permanecieran accesibles durante semanas videos de ejecuciones atribuidas a grupos terroristas.

Entre los contenidos denunciados se encontrarían las grabaciones de atentados como el ataque contra las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) en 2019 o el tiroteo masivo de Buffalo (Estados Unidos) en 2022, incluso después de que usuarios australianos los querellaran. Si prospera la demanda, Telegram podría enfrentarse a sanciones civiles de hasta 54,6 millones de dólares australianos (unos 33,18 millones de euros).

Reincidencia

El organismo también acusa a Telegram, fundada en 2013 en Rusia, de no adoptar medidas suficientes para impedir la reincidencia, como cerrar cuentas, canales y grupos que difundían ese material; no disponer de condiciones de uso que prohibieran expresamente este tipo de contenidos en todas las áreas de la plataforma; y no informar a los denunciantes sobre el resultado de sus reclamaciones.

La principal responsable de eSafety, Julie Inman Grant, afirmó -en el texto- que la difusión continuada de contenido terrorista y de violencia extrema "normaliza el extremismo", facilita la radicalización y representa un riesgo para la comunidad australiana. "Ninguna plataforma está por encima de la ley", señaló la funcionaria, al subrayar que Telegram, con más de mil millones de usuarios en todo el mundo y unos 1,5 millones de visitas mensuales en Australia, tiene la responsabilidad de impedir la difusión y amplificación de ese tipo de material.

Inman Grant también aludió al atentado terrorista registrado el pasado diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, contra un acto organizado por la comunidad judía, y afirmó que, con sus secuelas "todavía presentes" y un nivel de amenaza terrorista que en Australia "sigue siendo probable", resulta "más importante que nunca que las plataformas digitales cumplan con sus obligaciones de proteger a la comunidad".

La acción emprendida por Australia se produce apenas un día después de que Rusia intensificara también su presión sobre la plataforma y uno de sus fundadores, Pável Dúrov. Las autoridades rusas declararon el martes en busca y captura a Dúrov, residente en el extranjero, al que acusan de colaborar con actividades terroristas.

Prohibición de acceso para menores

El pasado diciembre, Australia sentó un importante precedente al convertirse en el primer país del mundo en prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Sin embargo, la aplicación de su ley está fallando.

Un reciente estudio, adelantado por Reuters, revela que las plataformas no están identificando adecuadamente a los usuarios jóvenes a los que deberían vetar el uso de sus servicios, un problema que hace que la pionera prohibición sea ineficaz.

Los errores en la puesta en práctica de estas restricciones manda un mensaje de advertencia para otros países como España, Francia o Alemania que trabajan para adoptar legislaciones similares a la australiana. Las últimas enmiendas de PSOE y Sumar buscan endurecer aún más el acceso y vetar las redes sociales con "contenido dañino" incluso a los menores que cuenten con el permiso de sus padres. La Comisión Europea también podría anunciar su veto comunitario en septiembre.