Los tribunales revisarán la adjudicación de puestos en el extranjero a los diplomáticos españoles de 2026

El reparto de los destinos en el extranjero, más interesantes y mejor pagados, supone, cada año, la mayor fuente de frustración e ira entre los diplomáticos españoles. A falta de que se apruebe el nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, que sigue en un cajón, es un viejo doble sistema el que determina qué diplomático de carrera va a cada destino en el exterior. Por un lado, están las designaciones de los embajadores, el llamado "embabombo", y las designaciones políticas de embajadores.

Por otro, las del resto de los puestos de menor rango, de cónsules generales, cónsules, consejeros políticos o culturales, etc.: el llamado "bombo". Es una suerte de concurso de méritos que selecciona candidatos que luego suelen ser aprobados por el ministro, salvo excepciones. El sistema está muy influido por las decisiones políticas del ministro de turno, se quejan algunos diplomáticos, que consideran que hay demasiada discrecionalidad.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a revisar el "bombo" de 2026, después de que haya admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo del actual cónsul en Mendoza (Argentina), Ramón Blecua, según informa la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) en un comunicado. El diplomático, con casi cuatro décadas de antigüedad, considera que ha sido discriminado al no haberle sido asignado el puesto solicitado frente a gente con menos experiencia.

Anulación total o parcial del "bombo"

El recurso es contra la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores del 13 de abril de 2026 (el "bombo") en la que se decidió el destino de 118 diplomáticos para el próximo curso, que comienza en septiembre. El demandante solicita la anulación total o parcial de la resolución impugnada, en cuanto le perjudica.

La denuncia sostiene que la aplicación de una "ratio" de permanencia en el exterior (no pueden optar a puestos en el exterior quienes hayan pasado más de tres cuartas partes fuera, para dejar libres puestos para las nuevas generaciones) discrimina, en la práctica, a los diplomáticos con una mayor trayectoria y experiencia acumulada fuera de España.

La denuncia argumenta que esta discriminación no cumple siquiera con la finalidad que aparentemente justificaría la aplicación: favorecer la rotación y facilitar el acceso de diplomáticos con menos experiencia exterior. La exclusión de los más veteranos no se traduce necesariamente en una liberación efectiva de puestos para los profesionales más nuevos, argumenta, porque estos pueden no reunir los requisitos de antigüedad, categoría o competencia exigidos para ocupar determinados destinos. De este modo, se estaría perjudicando a los diplomáticos con mayor experiencia sin alcanzar el supuesto objetivo de renovación, generando un resultado desproporcionado y contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Exteriores niega cualquier anomalía

Desde el Ministerio dirigido por José Manuel Albares niegan cualquier anomalía. Los puestos que ocupan los funcionarios diplomáticos en el exterior, dicen, se asignan por el procedimiento de libre designación, de conformidad con el Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo. "No existe un derecho subjetivo a obtener un puesto en el exterior por el hecho de haberlo solicitado: los puestos se asignan a propuesta de la Junta de la Carrera Diplomática (en la que están representadas todas las categorías de funcionarios diplomáticos), que valora, entre otros elementos de juicio —además de la antigüedad, la hoja de servicios o los conocimientos de idiomas—, los puestos que el funcionario haya ocupado con anterioridad", apuntan fuentes de exteriores.

En aplicación de dicho Real Decreto, argumentan, "y como se ha hecho en convocatorias anteriores", se tiene en cuenta "una ponderación —no una ratio o coeficiente automático de exclusión— entre los puestos ocupados en el exterior y en servicios centrales por los solicitantes". Este criterio, sostienen, se ha consolidado desde hace varias décadas, "busca favorecer que todos los funcionarios diplomáticos, especialmente los de nueva incorporación, accedan a destinos en el exterior; y evitar que haya quien no realice prácticamente destinos en servicios centrales".

De este modo se garantiza, argumentan, ningún diplomático se eterniza en servicios centrales sin experiencia en el exterior, "no pudiendo transcurrir, en el caso de los de nuevo ingreso, más de cuatro años sin destino fuera".

"Muy deficiente gestión de Recursos Humanos"

La Asociación de Diplomáticos Españoles, la mayoritaria en la Carrera, ya advirtió, el pasado mes de mayo, de que "la escasez estructural de plazas, la falta de planificación de recursos humanos y la aplicación de la denominada 'ratio' han generado incertidumbre y perjudicado las expectativas profesionales de diplomáticos tanto jóvenes como veteranos". La ADE considera que esta medida, además de no estar expresamente prevista en la normativa y plantear dudas de legalidad, "no resuelve el problema de fondo, ya que la falta de puestos responde a una red exterior insuficiente y obsoleta, por lo que reclama la creación urgente de nuevas plazas, mejores condiciones profesionales y de conciliación en los servicios centrales y mayor transparencia y previsibilidad en los criterios de adjudicación".

El presidente de la ADE, Alberto Virella, va más lejos y asegura que el problema de fondo es una "muy deficiente" gestión de recursos humanos.

"Para la ADE (...) es muy importante destacar que lo más importante es que las plantillas de las oficinas de red consular española (y también de las embajadas) son insuficientes para atender lo que exigen de ellas nuestros ciudadanos. Una de las causas de esto es la preocupante incapacidad de los responsables políticos competentes para solucionar este problema", dice Virella a EL PERIÓDICO. "Ello se agrava con una muy deficiente gestión de recursos humanos, que va derivando claramente hacia mayor grado de arbitrariedad, de inseguridad jurídica y de indefensión para los empleados públicos del Ministerio de Exteriores".

Según el diplomático, existe una creciente toma de conciencia entre dichos empleados públicos (diplomáticos, otros funcionarios y contratados laborales) de que "sufren maltrato institucional". En consecuencia, se están produciendo varios recursos contencioso-administrativos impulsados por funcionarios a nivel individual. Algunos de ellos cuentan con el apoyo de la ADE.

"Estas demandas por vía judicial se producen respecto a diversos aspectos: inadecuación de las indemnizaciones a la educación de los hijos, pérdida de cobertura sanitaria en el exterior o discriminación respecto a la que perciben en España los usuarios del Sistema Nacional de Salud (Seguridad Social), falta de publicidad e indefensión en procesos selectivos del personal, la suspensión de los billetes de arraigo, entre otras cuestiones", concluye Virella. "La pasividad de los responsables del Ministerio de AE ante éstos y otros problemas llega a niveles de desidia y la ADE comprende la reacción de los empleados públicos de este departamento ante esta situación".

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