El expríncipe Andrés subarrendó tres viviendas dentro de su finca en Windsor pese a no pagar alquiler

Los privilegios del expríncipe Andrés han vuelto a indignar a la opinión pública en el Reino Unido. Un informe publicado este viernes ha revelado que el hermano de Carlos III, despojado de sus títulos el año pasado por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, subarrendó tres viviendas dentro de su finca en Windsor a pesar de que él mismo no pagaba alquiler por residir allí. La noticia ha puesto de nuevo el foco sobre el expríncipe, quien se vio obligado a abandonar la mansión, conocida como el Royal Lodge, pocos meses antes de ser detenido por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Andrés se instaló en el Royal Lodge en 2003. El expríncipe desembolsó entonces 7,5 millones de libras (unos 8,7 millones de euros) al Crown Estate —la entidad pública encargada de gestionar el patrimonio de la corona— en concepto de reparaciones, a cambio de pagar un alquiler anual equivalente a "un grano de pimienta" durante los 75 años de duración del contrato. O lo que es lo mismo: el expríncipe utilizó la inversión inicial para no pagar alquiler, algo que a la larga le iba a suponer un ahorro importante a costa del contribuyente.

Se desconoce cuál ha sido la cantidad por la que Andrés subarrendó las viviendas de la finca, aunque algunos expertos apuntan a que el montante podría ascender a unas 180.000 libras anuales (unos 208.000 euros), elevando el total ingresado a cerca de 2 millones en las más de dos décadas que residió allí. Fuentes del Palacio de Buckingham aseguran que esta práctica estaba permitida en el contrato e insisten en que el dinero obtenido de los subarrendamientos se destinó en gran parte al mantenimiento de la propiedad, un gasto que, en caso contrario, habría recaído en el bolsillo de los contribuyentes. Otros miembros de la familia real, como el príncipe Eduardo, disfrutan de acuerdos parecidos.

Beatriz y Eugenia

El informe publicado este viernes también ha revelado que los domicilios en Londres de las hijas de Andrés, las princesas Eugenia y Beatriz, están ubicados en residencias oficiales de la corona —el palacio de St James y el palacio de Kensington—, a pesar de que ninguna de las dos es un miembro activo de la familia real. El alquiler de estas propiedades corre a cuenta del bolsillo privado de Carlos III, aunque el importe abonado por el monarca es equivalente a un 60% del valor real de mercado. Algo que también supone una pérdida de ingresos para las arcas públicas.

Las revelaciones del informe han provocado la indignación de los sectores más antimonárquicos. "Esto demuestra un desprecio absoluto hacia el contribuyente: no solo que Andrés pudiera pagar un alquiler simbólico por una propiedad gigantesca, sino que además ganara potencialmente millones de forma paralela subarrendando otras propiedades", ha asegurado el exministro liberaldemócrata Norman Baker, un crítico habitual de los privilegios de la corona. La Oficina Nacional de Auditoría, por su parte, se ha limitado a exponer los acuerdos y ha evitado sacar conclusiones, aunque sí tiene previsto ofrecer información detallada a los miembros de la comisión de Cuentas Públicas del Parlamento para que pueda ser debatida debidamente.

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