Apátridas, una vida en la sombra

Millones de personas en el mundo viven actualmente en situación de apatridia. Ningún estado les reconoce como ciudadanos y están desposeídos de nacionalidad, sea de nacimiento o de forma sobrevenida. Una vida en la sombra que según la ONU sufren 4,5 millones de personas repartidas por el mundo. Otras fuentes multiplican por tres esta cifra. Sin ciudadanía, las personas apátridas no pueden obtener documentos, lo que les impide o dificulta acceder a derechos sociales y civiles, como la sanidad, la educación, la vivienda, la ocupación o la libertad de movimiento.

Cada país decide la manera de otorgar la nacionalidad, que se adquiere habitualmente al nacer, ya sea a través de los padres -'jus sanguíneos'- o del lugar de nacimiento -'jus solis'-, o más adelante por residencia, matrimonio o adopción. Pero los vacíos legales, las discriminaciones y las decisiones arbitrarias comportan anomalías.

La apatridia se debe a múltiples causas. Una de las principales es el desplazamiento forzado de población por guerras o por persecución étnica o religiosa. Hay centenares de miles de personas refugiadas que no tienen la nacionalidad del país del que huyen. Es el caso de las comunidades palestina y kurda de Siria pero también de la comunidad musulmana rohingyá de Myanmar, la comunidad apátrida más grande del mundo. Cerca de un millón de rohinyás malviven en campos de refugiados en Bangladés tras ser víctimas de una limpieza étnica por parte de la dictadura militar birmana en 2017.

"No ciudadano de Letonia!

Otra de las causas es la partición o la desintegración de un gran Estado, como ocurrió en 1989 con la Unión Soviética, cuya desaparición dio lugar al nacimiento de repúblicas independientes dos años después. Durante la desintegración de la URSS, más de 280 millones de personas perdieron la ciutadania. La gente que emigró a Letonia desde otra república soviètica,  por ejemplo, se quedaron sin nacionalidad después de que las autoridades letonas se la negaran tras la independència. En este país báltico, las personas apátridas no pueden votar ni ocupar cargos públicos y tienen un pasaporte especial: “No ciudadano de Letonia”.

Otro caso es el de los saharauís de los campos de refugiados de Tinduf. Ellos sí que tienen un estado que los reconoce como ciudadanos, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pero solo un puñado de países del mundo la reconocen, entre los que no se encuentra España. Nuestro país es signatario de los dos tratados internacionales para prevenir, reducir y proteger la apatridia: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia de 1961. El Estado español creó un instrumento específico de reconocimiento del estatuto de apatridia en 2001, aunque en el caso de los saharauis han tenido que seguir luchando en los tribuales varios años para que les reconocieran la condición de apátridas, lo que obliga al Estado español a ofrecerles derechos básicos y protección.

Al rediseño de fronteras o a la desaparición de estados hay que sumar decisiones legales arbitrarias, como la del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que en 2013 desposeyó de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. No hay que olvidar los casos de discriminación de género, como la que impiden todavía en 25 países del mundo que las mujeres transmitan la nacionalidad a los hijos. El problema surge cuando no hay padre  -porque ha fallecido o ha abandonado a la familia- o el padre es apátrida, condición que heredan los hijos. En muchos de estos casos no existe documentación que acredite el nacimiento, ya sea por errores administrativos, pérdida del documento o ausencia de registro en zonas en conflicto o aisladas.

Agilizar el asilo

Con ocasión del 60 aniversario de la Convención de 1954, la ONU puso en marcha en 2014 la campaña #*IBelong (#*YoPertenezco) con el objetivo de erradicar la apatridia y prevenir casos futuros. La iniciativa ha servido para avanzar y ha comportado mejoras. En 2019, por ejemplo, la república exsoviética del Kirguistán se convirtió en el primer país en resolver todos los casos conocidos de apatridia de su territorio, unos 13.000, y Colombia otorgó la nacionalidad a 25.000 menores nacidos en su territorio de padres venezolanos huidos al país desde 2015.

Pero las mejoras no implican necesariamente que se reduzca el número de apátridas en el mundo. Se resuelven casos pero se generan de nuevos. Un ejemplo es la invasión rusa de Ucrania. Alrededor de 80.000 personas apátridas, la mayoría de etnia gitana, intentaron huir del país pero tuvieron problemas para cruzar las fronteras porque no tenían documentos de identidad.

Las estadísticas europeas confirman que es urgente buscar soluciones: más de un 2% de todas las solicitudes de asilo que se han presentado en los países de la UE durante la última década eran de personas apátridas o de nacionalidad “desconocida”. Fueron cerca de 150.000, a las que habría que sumar todas aquellas mal identificadas.

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