Delcy Rodríguez anuncia "el fin" abrupto de la Ley de Amnistía en Venezuela frente al estupor de los organismos humanitarios

"Esta Ley de Amnistía que llega a su fin. Para aquellos casos que estaban excluidos hay otros espacios donde se pueden canalizar". La "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez aprovechó un acto en favor de la reforma judicial para dar por terminado el alcance de una normativa sancionada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 19 de febrero. El anuncio tuvo un alto contenido político y suscitó controversias de inmediato. Delcy Rodríguez habló acompañada de su hermano Jorge, principal autoridad de la AN, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el nuevo fiscal general, Larry Davoe, entre otros integrantes del Gobierno surgido del desplazamiento de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"La Ley de Amnistía ha salido muy bien, en cuanto a la cobertura y los beneficiados", sostuvo la mandataria interina, y calculó en 8.616 los casos. "Ha sido una de las leyes más intensivas de amnistía aprobadas en el planeta entero", señaló su hermano. Las personas que no han podido acceder al beneficio podrán hacer su petición a través del Programa Convivencia Democrática y Paz. Allí, señaló la "presidenta encargada", habrá "un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia".

El proyecto se aprobó en medio de la fuerte presión norteamericana y como una condición necesaria para estabilizar el país. La normativa contemplaba hechos que cubrían casi toda la era de Hugo Chávez y el propio Maduro. La decisión se conoce cuando todavía existe un gran desacuerdo sobre el verdadero alcance de la ley. Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos no coinciden con el número de beneficiados que aporta el Gobierno. Las cifras oficiales se confunden con el proceso de unas 600 excarcelaciones que comenzaron en diciembre, antes de la captura de Nicolás Maduro, y se extendieron después del 3 de enero. El Foro Penal recordó a su vez el pasado martes que existen todavía 473 personas detenidas por razones políticas y 43 son extranjeras o poseen doble nacionalidad. De ese total, 309 presos no han recibido sentencia. De acuerdo con la oenegé, más de 11.000 personas se encuentran bajo medidas cautelares restrictivas. No pueden abandonar Venezuela o deben presentarse periódicamente ante los tribunales. Justicia Encuentro y Perdón calculó que hay más de 600 ciudadanos encarcelados de manera arbitraria.

Tanto el Foro Penal como otros organismos humanitarios habían considerado en su momento que la Ley de Amnistía era "insuficiente y excluyente", entre otros motivos por no alcanzar a los uniformados.

Críticas de los organismos humanitarios

"Esta ley está basada en el perdón y la reconciliación nacional, incluso con aquellos que están fuera del país", la defendió Delcy Rodríguez. El abrupto final de la normativa provocó malestar lejos de las esferas oficialistas. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) habló de "una medida arbitraria e inconstitucional", recordando que solo la AN o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pueden derogar una ley. "Esto no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando". Para Provea, a pesar de las limitaciones, la ley representó un paso tendiente a desmontar el entramado represivo.

"La vigencia de la Ley de Amnistía no estaba limitada, en lo que respecta a su aplicación, en el tiempo. Se estableció desde cuando comenzaba su vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial, pero no se le impuso fecha de caducidad", recordó el abogado y uno de los directores del Foro Penal, Gonzalo Himiob. "La Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador, según el artículo 202 de la Constitución. Solo un acto de la misma naturaleza, emanado de la AN, o un referendo abrogatorio (en el que el pueblo decide) puede privarla de su vigencia". Señaló a su vez que el artículo 218 de la Constitución señala "claramente que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes y solo se abrogan por referendo". Por lo tanto, "el Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República".

Cambios en la embajada norteamericana

La controversia ha coincidido con la llegada a Caracas del nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Tras su aterrizaje prometió que las relaciones bilaterales tendrán impacto en toda la región. "Van a definir el futuro de nuestro hemisferio". Barrett remarcó que llegó a Venezuela para continuar el plan de tres fases establecido por Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, después del 3 de enero: estabilización, recuperación y transición. "Aquí para seguir implementando el plan", dijo el reemplazante de la diplomática Laura Dogu. Washington había considerado la vigencia de la Ley de Amnistía como un resultado de ese cronograma.

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