El Gobierno de Meloni plantea primas económicas para los abogados que convenzan a sus clientes inmigrantes de volver a su país

El Gobierno de Giorgia Meloni, en modo chapucero y agresivo como pocas veces, ha vuelto este miércoles a incendiar el Parlamento italiano. Entre durísimas protestas de la oposición y un malestar evidente incluso en la propia presidencia de la República, la mayoría parlamentaria de la líder derechista ha aprobado someter a un voto de confianza su polémico Decreto Seguridad. Esto es un paquete de medidas sobre orden público al que le falta la aprobación en el Congreso y que también incluye una particularmente controvertida enmienda que ofrece incentivos económicos a abogados que logren convencer a sus clientes migrantes de aceptar la repatriación voluntaria, es decir, el retorno a sus países de origen. Un paso más hacia la aprobación definitiva de la legislación propuesta, que ya recibió el visto bueno por el Senado.

De hecho, la recompensa económica, que solo aplicaría si la repatriación es exitosa —junto con el resto de las medidas— aún no ha sido ratificada por el Congreso, el cual debe dar su visto bueno antes del próximo sábado; pues, en caso contrario, perdería toda vigencia. Esto es lo que ha hecho poner el pie sobre el acelerador al Gobierno Meloni, ya que inicialmente el paquete de medidas había sido aprobado en febrero pasado como parte de un decreto-ley (un tipo de decreto que entra en vigor de manera inmediata pero que luego debe obligatoriamente pasar por el Parlamento en 60 días tras la publicación en el boletín oficial y puede ser enmendado). 

Decretos y más decretos

El camino parlamentario de la legislación propuesta ha sido muy accidentado. Y así parece que seguirá siendo. De hecho, lo que se baraja ahora es que la mayoría de Meloni apruebe el paquete de medidas tal como está —posiblemente jueves en la noche o viernes, según han dicho fuentes parlamentarias a este diario—, pero luego el Gobierno presentaría otro decreto para anular la enmienda sobre los abogados. Lo que se debe a que el propio presidente de la República Sergio Mattarella, ha dado a entender que no firmará el decreto si no se retira esa enmienda en particular, dado que ésta ha sido tachada de inconstitucional.

Un escenario, este, inédito como escribía este miércoles el diario Il Post. "El gobierno, en cambio, se ha comprometido a elaborar un nuevo decreto para eliminar la introducción del incentivo para los abogados, después de la conversión en ley del decreto actual: una solución bastante inédita para resolver la imposibilidad de modificar el texto en los plazos necesarios", ha señalado el rotativo. "Los incapaces en el Gobierno se corrigen a sí mismos", ha resumido, más ácido, el diario Domani.

La razón de la situación sería, en cualquier caso, también la férrea resistencia de la oposición. De hecho, el paquete de medidas fue aprobado por el Senado, después de que la mayoría de centroderecha lograra sortear las más de 1.000 enmiendas presentadas por la oposición para ralentizar su ratificación. La misma norma también ha sido criticada por diversas instituciones jurídicas, entre ellas el Consejo Nacional Forense (CNF), que ha asegurado no haber sido consultado en ningún momento del proceso. "Es una medida incompatible con la Constitución y con los principios más elementales de la deontología forense", ha añadido asimismo la Unión de Cámaras Penales, subrayando también su carácter potencialmente inconstitucional.

"Sentido común"

Lo cierto es que no está claro qué contendrá exactamente el posible nuevo decreto que ha anunciado el Gobierno italiano para resolver el entuerto. De hecho, incluso la criticada enmienda, promovida especialmente por la Liga de Matteo Salvini, ha sido defendida también por la propia primera ministra. "Es una norma de puro sentido común", ha dicho Meloni esta semana en un acto en Milán. "Los retornos voluntarios asistidos son un instrumento que Europa pide reforzar. Los seguiremos impulsando", ha añadido. 

Más allá de la polémica sobre los abogados, el decreto-ley se articula en tres ejes: armas impropias y violencia juvenil, orden público y prevención urbana. Endurece las normas sobre cuchillos y otros objetos peligrosos —ampliando su prohibición y vetando su venta a menores, también online— y prevé sanciones incluso para los padres en determinados casos. En materia de orden público, permite registros inmediatos durante manifestaciones, retenciones policiales de hasta 12 horas y amplía el arresto en flagrancia diferida con pruebas audiovisuales, lo que ha suscitado críticas de asociaciones civiles.

El tercer bloque refuerza la prevención urbana, otorgando a los prefectos la facultad de crear "zonas de vigilancia reforzada" con restricciones de acceso para personas consideradas peligrosas, incluso menores en ciertos supuestos. El texto incluye además ajustes penales —como la persecución de oficio de algunos hurtos— y cambios en las investigaciones cuando hay causas de justificación, junto con medidas sobre inmigración relativas a identificación, repatriación y gestión de centros.

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