Trump acude al Supremo mientras los jueces debate sobre el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento en EEUU

Donald Trump volvió a romper con las tradiciones democráticas este miércoles, y por partida doble. El presidente de EEUU convirtió en su cruzada, desde el día uno de su segunda presidencia, acabar con el derecho constitucional de acceder a la ciudadanía estadounidense que se extiende a los hijos de personas que no sean ciudadanos, incluso aunque estén con visado legal de largo plazo. El segundo movimiento sin precedente de Trump ha llegado este miércoles, cuando se ha convertido en el primer mandatario estadounidense que, en activo en el cargo, se ha personado en el más alto tribunal, como una presencia silenciosa pero cargada de simbolismo. Cuanto menos, un recordatorio sobre la importancia que tiene para él esta batalla legal.

El republicano entró en la sala diez minutos antes del inicio, se sentó en la primera fila de la zona reservada para el público, en un banco forrado de cojines rojos, y abandonó la sesión algo más de una hora después, justo cuando los magistrados empezaban a interrogar al abogado de los demandantes, renunciando a quedarse a la sesión completa. Este caso, que puede alterar una garantía que generaciones de estadounidenses han dado por sentada, también despertó la atención fuera del tribunal, donde hubo manifestaciones desde primera hora.

Donald Trump afirmó en su red social: “¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”, una declaración inexacta, ya que este principio existe en otros países.

Una batalla constitucional

Trump firmó la orden ejecutiva el mismo día en que regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, con la intención de negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes extranjeros con visados temporales. La medida nunca ha llegado a entrar en vigor, al haber sido rechazada por varios tribunales inferiores. Pero una victoria del presidente en el Supremo tendría consecuencias inmediatas y profundas: distintas estimaciones apuntan a que cada año podrían perder ese derecho en torno a 200.000 bebés nacidos en suelo estadounidense.

La causa sitúa en el centro del debate la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14, ratificada en 1868, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanas. Hasta la firma del decreto de Trump, el consenso jurídico y político en el país había sido amplísimo. Además, un precedente clave de 1898 confirmó que Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres no ciudadanos y de ascendencia china, era estadounidense.

Las dudas del tribunal

Aunque el Supremo, de mayoría conservadora, suele favorecerle en los casos ligados a su segundo mandato, en febrero tumbó sus aranceles al considerar que usó de forma indebida una ley de poderes de emergencia y recordó que esas medidas deben pasar por el Congreso. Desde entonces, Trump ha cargado contra los jueces conservadores que votaron en contra. Los ha llamado “imbéciles”, “perros falderos” y, este martes añadió, “estúpidos” y “desleales”.

Durante la vista, varios magistrados, incluidos miembros de la supermayoría conservadora del tribunal (integrado por seis conservadores y tres progresistas), dejaron ver su incomodidad con algunos argumentos de la Administración. El presidente del Supremo, John G. Roberts Jr., y los jueces Neil M. Gorsuch y Amy Coney Barrett figuraron entre quienes mostraron reservas sobre la posición del Gobierno.

En uno de los intercambios más llamativos, el procurador general, D. John Sauer, fue preguntado por el llamado turismo de parto, la práctica por la que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan allí y accedan a la ciudadanía. Sauer respondió: “Bueno, desde luego no era un problema en el siglo XIX, no”, antes de añadir: “Ahora vivimos en un mundo nuevo”. Roberts cortó esa línea de defensa con una réplica tajante: “Bueno, es un mundo nuevo. Es la misma Constitución”.

El propio Roberts también calificó de “peculiar” una parte central del razonamiento del Gobierno, en una señal de que el Supremo podría no asumir sin más la tesis de la Casa Blanca.

Lo que está en juego

Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular fue una de las principales promesas de campaña de Trump, que volvió al poder con una política migratoria más dura. El presidente sostiene que la protección constitucional se aprobó tras la guerra civil de 1861-1865 para proteger a los “hijos de los esclavos” y no, según su expresión, a quienes “se toman vacaciones para obtener la ciudadanía”.

En junio de 2025, la mayoría conservadora de la Corte, por seis votos frente a tres, ya dio una primera victoria procesal a Trump al levantar los bloqueos impuestos por jueces de Maryland, Washington y Massachusetts. Aquel fallo, sin embargo, no resolvió la constitucionalidad de la orden ejecutiva. El tribunal se limitó entonces a pronunciarse sobre la capacidad de los juzgados inferiores para frenar a escala nacional decisiones del Ejecutivo.

Quienes combaten el decreto alertan de que aplicarlo abriría un escenario de caos jurídico y fuerte inseguridad para los recién nacidos y sus familias, además de sembrar dudas sobre el estatus de millones de personas que ya se beneficiaron de la ciudadanía por nacimiento. También obligaría a crear un sistema de verificación complejo, fragmentado y costoso para determinar qué bebés tendrían derecho a la nacionalidad y cuáles no.

El impacto demográfico

Las consecuencias podrían ir mucho más allá de los partos de los próximos meses. Un estudio reciente calcula que, si Trump logra sacar adelante su plan, podría haber 6,4 millones de niños nacidos en Estados Unidos sin estatus legal en 2050. El mayor número de afectados sería el de la población hispana, mientras que el mayor cambio proporcional en nacimientos sin ciudadanía se registraría entre la población asiática.

Los críticos añaden otro riesgo extremo: que bebés abandonados en territorio estadounidense puedan quedar apátridas. Para expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del presidente, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: si un derecho blindado en la Constitución puede ser recortado por una simple orden presidencial.

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