Venezuela diseña una ley de minas favorable a los intereses de Estados Unidos

Donald Trump bendijo formalmente a Delcy Rodríguez como "presidenta encargada" de Venezuela. "No es el reconocimiento a una persona, ni a un Gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación", dijo ella con un dejo de modestia. Le faltó quizá añadir que fue un "reconocimiento" no solo a la apertura petrolera sino a la posibilidad que se abre a Estados Unidos para intervenir en el negocio del oro y los minerales raros. Pocos días después del aterrizaje en Caracas del secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, para reunirse con Rodríguez, el Partido Socialista (PSUV) hizo valer su mayoría en la Asamblea Nacional (AN) para aprobar la primera discusión la nueva Ley Orgánica de Minas.

La velocidad con la que el oficialismo promovió la iniciativa descolocó a la minoritaria bancada opositora, se enteró de los alcances del texto poco antes de su debate. El posmadurismo dedica esporádicos instantes a la reivindicación de su líder, Nicolás Maduro, preso en EEUU desde el pasado 3 de enero. Las módicas exaltaciones estatales no se compadecen con el ímpetu que se le ha puesto para posibilitar una apertura en el sector minero similar a la que rige en el sector estratégico de los hidrocarburos y que le ofrece a las empresas extranjeras facilidades y garantías a sus inversiones. Horas atrás se ha sumado Repsol a este nuevo escenario.

Burgum retornó a Washington entusiasmado por el potencial aurífero de Venezuela. El primer paso lo ha dado la estatal Minerven, que venderá una tonelada de oro al mercado estadounidense. Pero el camino es mucho más extenso e involucra al Arco Minero del Orinoco, donde el propio Gobierno calcula que existen 8.000 toneladas de oro, un recurso valorado en unos 134.000 millones de euros. Estados Unidos ha mostrado también su interés en otras reservas de diamante, plata, cobre, niobio, tantalio y titanio. Los enormes yacimientos no han sido debidamente explotados durante la llamada revolución bolivariana. Los especialistas hablan de problemas de subinversión, debilidad institucional y expansión de la minería ilegal. Las sanciones de EEUU también limitaron el desarrollo. Se espera que esa presión pase a ser parte de la historia de las malas relaciones bilaterales de décadas.

Concesiones y regalías

La iniciativa oficial deja atrás la normativa de 1999, sancionada a comienzos de la gestión de Hugo Chávez. El texto recuerda que Venezuela tiene el derecho de propiedad sobre yacimientos de cualquier clase que existan en el territorio nacional. Sin embargo, especifica también que las actividades extractivas podrán ser realizadas por empresas mixtas en proporciones iguales de capital accionario u otras con una participación minoritaria del Estado. Según el artículo 89, el Estado tendrá el derecho al pago de una regalía de hasta 13% de las cantidades de minerales extraídos de cualquier yacimiento.  La concesión para los proyectos no excederá de 20 años. El Gobierno podría extender ese plazo 10 años más. Especialistas ligados a la oposición propone 30 años prorrogables hasta 60 años.

El artículo 31 de la propuesta establece que los minerales de cualquier clase existentes podrían ser declarados "estratégicos". A la vez se permitirá legalmente la "minería artesanal", algo que sucede en los hechos desde hace años en las cuencas auríferas donde también operan grupos mafiosos.  Un artículo, el 21, fija fondos financieros para la protección del ambiente. El llamado Arco Minero del Orinoco ha experimentado un "ecocidio" según las organizaciones ambientales ya que afecta el 12% del territorio nacional, unos 111.843 kilómetros cuadrados. La deforestación masiva y la contaminación por el uso indiscriminado de mercurio para separar el oro son los principales problemas detectados por las organizaciones sociales. Han contaminado el agua y afectado la cadena alimenticia de las poblaciones locales e indígenas.

Observaciones

Martha Acosta, Verónica Barboza y el exdiputado de la AN Elías Matta (UNT), integrantes del Grupo Idea citados por el portal Efecto Cocuyo, advirtieron que en el texto legal debería discutir la derogación de más de 15 decretos presidenciales de la era Maduro que podrían obstaculizar la inversión en el área minera.  El diputado Henrique Capriles Radonski lamentó ue el texto fue entregado minutos antes del inicio de la sesión, lo que impidió un análisis detallado del articulado y sus implicaciones reales. "No vamos a votar ni a apoyar proyectos que desconozcamos en cuanto a su alcance". El excandidato presidencial en dos oportunidades pidió transparencia de cara a la segunda discusión parlamentaria. "Los venezolanos esperan mejoras económicas y sociales concretas. No somos focas que aplauden todo en la AN". Por el momento, el oficialismo corre con ventaja de cara al segundo debate. Tiene el padrinazgo de la Casa Blanca.

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