Meta corteja a la extrema derecha para simplificar leyes digitales de la UE (como la que pretende frenar la adicción a las redes sociales)

El lobby de Meta no descansa.

El gigante tecnológico estadounidense, dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp, está cortejando a la derecha radical europea con la intención de debilitar las leyes digitales del bloque comunitario, entre ellas normativas como la que regula la inteligencia artificial, la que obliga a las redes sociales a limitar sus mecanismos adictivos o la que vela por la privacidad de los usuarios.

Meta destinó en 2025 un total de 10 millones de euros a presionar a las instituciones europeas para erosionar esas leyes aprobadas democráticamente. No está sola. El gasto anual en lobbying de la industria digital ha pasado de 113 millones de euros en 2023 a 151 millones de euros en la actualidad, un aumento del 33,6% en solo dos años, según datos de EU Transparency Register recopilados por Corporate Europe.

Esta práctica es habitual. En Estados Unidos, Meta movilizará hasta 65 millones de dólares en 2026 para respaldar a los políticos que sean favorables a sus intereses en el campo de la IA, según ha destapado The New York Times.

Desregulación digital

La presión europea de Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Google y demás gigantes está surtiendo efecto. La compañía encabezada por el magnate Mark Zuckerberg ha encontrado en el Partido Popular Europeo de Ursula von der Leyen y en la extrema derecha a sus principales aliados. El pasado noviembre, la Comisión Europea propuso un conjunto de enmiendas para simplificar la regulación digital actual que incluyen algunas de las peticiones de la industria tecnológica.

El eurodiputado español que más veces se ha reunido con las Big Tech es Pablo Arias Echevarría, del PP y miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. En hasta siete ocasiones se ha juntado con los lobistas de Meta, Apple, Google y Amazon para abordar esas leyes digitales.

Irónicamente, la eurodiputada que redactará la posición del Parlamento Europeo sobre las reformas en materia de privacidad y datos será la finlandesa Aura Salla, también del Partido Popular Europeo y directora de relaciones sociales de Meta en la UE entre los años 2020 y 2023.

Ese paquete desregulatorio, conocido como Ómnibus Digital, ha sido denunciado por socialdemócratas, liberales, verdes y cientos de organizaciones de la sociedad civil. También por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), que la semana pasada emitieron un comunicado en el que instan "encarecidamente" a los legisladores a no aprobar los cambios propuestos por Bruselas en relación a la protección de datos al considerar que vulnerarían esos derechos.

La extrema derecha, necesaria

Esa amplia oposición a la propuesta desregulatoria hace que los conservadores necesiten el apoyo de los partidos más a su derecha. Consciente de ello, Meta ha maniobrado para contar con su voto. Desde principios de 2025, los grupos de presión afines al gigante tecnológico se han reunido con un total de 36 eurodiputados de extrema derecha o de derecha radical, 18 de cada uno de los dos grupos que integran el Parlamento Europeo, según datos recopilados por Integrity Watch y Corporate Europe.

Por un lado está Patriotas.eu, formado por la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, el Fidesz de Viktor Orbán, la Liga de Matteo Salvini o Vox y que cuenta con 84 escaños, la tercera fuerza de la Cámara. Santiago Abascal es su presidente. El eurodiputado español Jorge Martín Frías, también director del think tank Fundación Disenso, se reunió el pasado mayo con Meta para hablar de "simplificación de las normas europeas".

Por el otro, está el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), formado por Hermanos de Italia, el partido posfascista de la primera ministra Giorgia Meloni, o el polaco Ley y Justicia, entre otros. Cuenta con 78 escaños que lo convierten en la cuarta fuerza.

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