Trump ha pagado hasta 1 millón por migrante en su polémico modelo de deportación a terceros países

Uno de los mantras de Donald Trump en su segunda presidencia ha sido el de recortar gastos que se podrían evitar pero a la hora de financiar su campaña de deportaciones masivas de inmigrantes no hay miramientos y esa directriz se olvida. Según un informe publicado este viernes por demócratas en el Senado, el Gobierno del republicano se ha gastado más de 40 millones de dólares en deportaciones de unos 300 inmigrantes a más de media docena de terceros países que no son los de origen del deportado.

Los números que han podido estudiar los demócratas no son completos pero apuntan a un gasto medio de 133.333 dólares por cada inmigrante deportado. En el caso específico de Ruanda, lo pagado por cada uno de los siete inmigrantes deportados allí fue 1,1 millones de dólares por migrante.

El elevado coste no es la única ni principal preocupación sobre este polémico modelo, que ha sido retado en los tribunales, en parte por las dificultades de los afectados para apelar en caso de errores o para garantizar el respeto de sus derechos. Pero la controversia no evita que amenace con mantenerse, y expandirse.

Europa lleva meses dando pasos para externalizar sus fronteras. Esta misma semana el Parlamento Europeo aprobó modificaciones en las reglas de asilo europeo que abrirían las puertas a enviar a migrantes a países con los que no tienen ningún vínculo.

Proceso y derechos humanos

"Deportar inmigrantes a países con los que no tienen conexión se ha convertido en un instrumento rutinario de diplomacia", ha escrito en la introducción del documento la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Internacionales del Senado.

Shaheen afirma que la Administración Trump "ha expandido e institucionalizado un sistema en que EEUU urge o coacciona a países a aceptar inmigrantes que no son ciudadanos a menudo a través de acuerdos que son costosos, ineficientes y escasamente supervisados".

Un miembro del Gobierno reconoció en una entrevista privada con personal del comité que el programa pretende ser una estrategia de intimidación, para asustar a migrantes de que pueden ser enviados a países remotos. Es algo que se ratifica porque más del 80% de los migrantes que Washington ha enviado a terceros países han sido devueltos a los suyos de origen o están en proceso de ser devueltos. "A veces se paga a un país para coger gente, trasladarles en avión allí y luego se les paga para que los lleven a sus países de origen. No tiene sentido", reconoció ese miembro del Gobierno.

Shaheen ha escrito que "se están gastando millones de dólares de los contribuyentes sin control o rendición de cuentas y se da prioridad a la velocidad y la disuasión sobre el proceso debido y el respeto a los derechos humanos".

Falsedades y falta de seguimiento

El Gobierno de Trump en total ha enviado a inmigrantes a más de dos docenas de países de los que no eran originarios defendiendo la idea de que sus países de origen los rechazan, aunque eso se ha probado falso en algunos casos.

La Administración asegura también que la mayoría de los deportados con este modelo tienen historiales criminales, pero el documento de los demócratas constata que algunos no habían tenido condenas penales en EEUU.

El informe de los demócratas, de 30 páginas, también denuncia que el Departamento de Estado, que transfiere el dinero directamente a los gobiernos de los países receptores, no ha establecido ningún sistema de auditoría para hacer seguimiento a cómo se gasta el dinero.

Corrupción y errores

El informe se centra en cinco naciones que han recibido 32 millones de dólares: Palau, Esuatini, Ruanda, El Salvador y Guinea Ecuatorial. Este último país es el décimo más corrupto del mundo, según el índice de Transparencia Internacional, y ha recibido por los inmigrantes 7,5 millones de dólares, más que toda la ayuda exterior que le dio EEUU en los ocho años previos. El propio Gobierno estadounidense el año pasado mostraba sus preocupaciones sobre la "corrupción y la complicidad oficial en crímenes de tráfico" en la nación africana.

El informe enumera, además, casos concretos con errores. Un ciudadano de Jamaica fue enviado con un coste de 181.000 dólares a Esuatini aunque tenía órdenes de deportación para su país, al que fue trasladado después. Las autoridades jamaicanas, según el informe, aseguran que no se habían negado a aceptarlo.

Algo similar sucedió con un ciudadano mexicano que fue enviado a Sudán del Sur, con un coste de 91.000 dólares que incluyó hospedarlo de camino en una base en Yibuti, y semanas después fue trasladado a su país de origen. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se les había informado del primer traslado.

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