La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei

La Comisión Europea pone en riesgo los contratos públicos que España ha otorgado a la china Huawei. La nueva Ley europea de Ciberseguridad propuesta este martes por el Ejecutivo comunitario establece que "permitirá la eliminación obligatoria del riesgo de las redes de telecomunicaciones móviles europeas procedentes de proveedores de terceros países de alto riesgo", categoría en la que encasilla tanto a Huawei como a la también china ZTE.

Bruselas ha anunciado esta tarde un nuevo paquete de medidas destinadas a reforzar las infraestructuras informáticas europeas de amenazas exteriores que tiene como objetivo reducir los riesgos en la cadena de suministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC de la Unión Europea provenientes de proveedores de terceros países con preocupaciones de ciberseguridad". De aprobarse, la ley prohibirá contratar a ambas empresas, consideradas peligrosas, una norma que será de obligado cumplimiento.

La modificación del texto propuesta por la Comisión supone un nuevo revés para Pedro Sánchez. Las instituciones europeas han advertido en reiteradas ocasiones al Gobierno español por los acuerdos comerciales que la administración pública ha tejido con Huawei, compañía que, según Bruselas, "presenta riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G". El pasado agosto, el Ministerio de Transformación Digital y de la Función, dirigido por Óscar López, incluyó a la firma de Shenzhen como miembro consultivo del Centro de Operaciones de Seguridad 5G, que se encarga de supervisar la seguridad de las redes de telefonía móvil en España.

Huawei niega las acusaciones de Bruselas y defiende que sus infraestructuras de telecomunicaciones son seguras. "Una propuesta legislativa para limitar o excluir a proveedores no pertenecientes a la UE basándose en el país de origen, en lugar de en pruebas fácticas y estándares técnicos, viola los principios jurídicos básicos de la UE de equidad, no discriminación y proporcionalidad, así como sus obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio", ha apuntado la compañía china en un comunicado, donde también ha señalado que "seguirá ofreciendo productos y servicios seguros y confiable" como "empresa que opera legalmente en Europa" y se reserva "todos los derechos para salvaguardar" sus intereses.

Mayor ciberseguridad

"Las amenazas a la ciberseguridad no son solo retos técnicos. Son riesgos estratégicos para nuestra democracia, nuestra economía y nuestro modo de vida". Con estas palabras, la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, ha dado la bienvenida a una reformulación de la ley que busca reforzar las infraestructuras informáticas europeas de amenazas exteriores.

La UE y sus 27 Estados miembro son, desde hace años, objetivo de ciberataques y otros métodos de guerra híbrida por parte tanto de grupos criminales como de países rivales como Rusia, China o Irán, entre otros. Consciente de ese "creciente" riesgo, Bruselas ha propuesto nuevas acciones para fortalecer su resiliencia, entre ellas mejorar la Ley de Ciberseguridad que vela porque los productos informáticos que se comercializan en la UE lo hagan con la certificación de que son ciberseguros, para reforzar la mitigación de amenazas en hasta 18 sectores críticos.

La modificación de la legislación vigente también propone una simplificación del marco normativo para facilitar el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas. Los sistemas de certificación requeridos para que las compañías puedan demostrar que acatan la ley serán voluntarios. Aun así, la Comisión Europea indica en un comunicado que contar con esos certificados cibernéticos "será una ventaja competitiva", pues garantizará una mayor confianza en sus cadenas de suministro. Asimismo, dotará la Agencia de la UE para la Ciberseguridad (ENISA) de mayor capacidad para apoyar a los miembros del proyecto comunitario.

Reducir la dependencia

La propuesta de la Comisión Europea va más allá de la seguridad técnica y tiene en cuenta el panorama geopolítico actual para abarcar otro tipo de riesgos asociados a la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros, que pueden usar ese control de las infraestructuras informáticas para lanzar injerencias en la política interior del bloque.

Esa modificación apunta a Estados Unidos y a la instrumentalización política que el presidente Donald Trump ha hecho de sus compañías tecnológicas, pero también a Pekín. "Se trata de un paso importante para garantizar nuestra soberanía tecnológica europea", ha indicado Virkkunen en un comunicado.

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