El precio global del 'America First': la ONU ante una crisis sin precedentes

El efecto dominó comenzó apenas Donald Trump se instaló en la Casa Blanca y no se ha detenido hasta hoy. Desde entonces, el presidente republicano ha ido obstaculizando o bloqueando centenares de programas de apoyo internacional financiados por EEUU. La ONU, como principal pilar del sistema multilateral, ha sido una de las grandes perjudicadas. Miles de trabajadores en todo el mundo han perdido su empleo y decenas de oficinas han cerrado, con un impacto especialmente duro en la primera línea humanitaria, la que opera sobre el terreno y da ayuda concreta a los más vulnerables.

Las agencias de la ONU financiadas con aportaciones voluntarias de los países donantes —como ACNUR, UNICEF, la OIM o el Programa Mundial de Alimentos (PMA)— han sido las más golpeadas. La combinación de recortes a entidades colaboradoras y pérdida directa de fondos ha obligado a suspender programas y ejecutar despidos masivos, sobre todo en regiones frágiles de África, Asia y América Latina. Sin personal ni dinero, la ayuda se ha suspendido a miles de afectados por el hambre, la violencia, o el cambio climático; víctimas de la agenda del America First, y de consecuencias imprevisibles para los grandes fenómenos mundiales como la migración. 

Sin precedentes

El alcance del recorte no tiene precedentes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que la salida de EEUU, que aportaba casi una quinta parte del presupuesto, ha dejado un agujero financiero de unos 500 millones de dólares —cerca del 10% del total— y ha obligado a eliminar 1.282 puestos de trabajo de una plantilla global de unas 9.000 personas. ACNUR ha confirmado una caída del 25% de su financiación en 2025 y el despido de 5.000 empleados tras una reducción de casi dos tercios de la contribución estadounidense. Asimismo la Organización Internacional del Trabajo ha informado de un déficit de 322 millones de dólares y que prevé prescindir de 140 trabajadores.

La situación es especialmente grave en el PMA, encargado de distribuir alimentos en los contextos más extremos y que obtenía casi la mitad de su financiación de EEUU. En noviembre advirtió de un déficit de 622 millones de dólares para los seis meses siguientes, lo que solo permitirá cubrir el 8% de su objetivo para la respuesta humanitaria de invierno. En marzo, en plena sequía y con miles de personas pasando hambre, la agencia anunció el cierre de su oficina para África Austral en Johannesburgo debido a las restricciones presupuestarias tras los recortes de los países donantes, especialmente de EEUU. Algo similar ha ocurrido con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en 2025 dispuso de 90 millones de dólares menos de los necesarios, recortó 300 empleos, suspendió misiones y cerró oficinas en Colombia, la República Democrática del Congo, Myanmar, Túnez y otros países.

Democracia en la picota

Según advirtió en diciembre el alto comisionado Volker Türk, estos recortes han afectado directamente a la capacidad de la ONU para supervisar el respeto a los derechos humanos y proteger los sistemas democráticos (el número de países analizados se ha reducido de 145 a 103). La reducción de misiones, visitas a países y mecanismos de seguimiento se ha visto además agravada por los ataques verbales de Trump contra la organización, con acusaciones que van desde favorecer la inmigración irregular hasta emitir solo "palabras vacías", lo que ha mermado su capacidad de acción diplomática y de mediación.

El impacto ha alcanzado también a organismos financiados mediante cuotas obligatorias de los Estados, que EEUU aún no había abonado a finales del año pasado, como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta entidad, clave en escenarios de guerra, se ha incluido en el recorte previsto del 20% de personal en las estructuras dependientes de la Secretaría General y ha anunciado la reducción o el cierre de actividades en países como Camerún, Colombia, Irak o Nigeria. Asimismo, la misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) ha comenzado a cerrar varias de sus bases pese a la persistencia de la violencia y a los más de dos millones de desplazados en el país. Otras misiones de mantenimiento de paz, como UNIFIL en Líbano (afectado por los ataques de Israel), y UNFICYP en Chipre, donde hay un conflicto congelado, también han sido puestas en discusión.  

La cruzada

Las decisiones de Washington han tenido además efectos colaterales. Otros países, como Rusia e Israel, han endurecido su pulso con la ONU, en una verdadera cruzada que ha debilitado los esfuerzos por sostener el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos. El resultado no es solo un problema presupuestario, sino también operativo. En un reciente análisis, Crisis Group subrayaba la parálisis de la diplomacia y la asistencia humanitaria en conflictos como Sudán, así como las dificultades del Consejo de Seguridad para responder a crisis como las de Haití o Somalia, en parte por la falta de implicación de EEUU. Tampoco se han producido avances significativos en conflictos como los de Sudán o Myanmar, prioridades intermitentes del Consejo en los últimos años.

Uno de los pocos efectos potencialmente positivos ha sido la aceleración del debate sobre una reforma integral de la ONU, que algunos consideran necesaria para dotarla de mayor agilidad. El proceso, sin embargo, avanza con lentitud y las propuestas son dispares: desde fusionar las tres agencias con sede en Roma dedicadas a la alimentación —el PMA, la FAO y el IFAD— hasta adelantar más jubilaciones o trasladar sedes a países con menores costes. Mientras tanto, trabajadores de la ONU consultados por este diario —que piden anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa— describen los recortes como "una verdadera sangría" y relatan situaciones cercanas al absurdo, como que en alguna ocasión solo hubiera una persona en todo el mundo disponible para traducir a otros idiomas los discursos del secretario general.

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