Trump ahonda su desafío al Congreso de EEUU con las acciones en Venezuela

Desde que volvió hace casi un año al poder para su segunda presidencia Donald Trump ha funcionado aplicando la teoría del ejecutivo unitario, buscando arrogarse poderes de otras ramas y tratando de eliminar salvaguardas, controles y equilibrios. En esa forma de hacer política, las muestras del desprecio y desafío al Congreso han sido múltiples, incluyendo la de retirar fondos ya apropiados por las Cámaras o retar la independencia que daban a agencias federales. Posiblemente, no obstante, ningún reto había ido tan lejos como el planteado con la operación de este fin de semana en Venezuela.

El republicano autorizó una intervención y ataques militares y la "captura" del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sin notificar la acción al Congreso ni buscar autorización. 

No fue hasta el sábado a última hora de la mañana cuando el Gobierno empezó a informar a los líderes del Congreso y a los dos republicanos y dos demócratas en los comités de inteligencia de ambas Cámaras de que el presidente había lanzado lo que se definió como una "operación militar en Venezuela para lidiar con amenazas a la seguridad nacional que representaba el régimen ilegítimo de Maduro". La breve nota aseguraba que la operación se realizaba en respuesta a la orden de arresto contra Maduro del Departamento de Justicia.

Ese mensaje lo ha repetido machaconamente desde el sábado en público Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, y es la base sobre la que el Gobierno argumenta que la autorización del Congreso era innecesaria, pues según ellos no se trató de una "invasión" sino de una "operación de aplicación de leyes". Idea a la que Trump sumó la de que no se informó al Congreso para evitar filtraciones a las que, dijo, las Cámaras "tienen tendencia".

El mismo sábado Trump también dijo que estaba dispuesto a tener "botas" sobre el terreno en un país en cuyo Gobierno se atribuye un papel "hasta que haya una transición segura y sensata" y en cuyo sector petrolero promete intervenir. 

La resolución de poderes de guerra, hecha añicos

Todo es muestra de un desdén absoluto por el Congreso y por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, según la cual el presidente debe informar a las Cámaras en 48 horas del envío de tropas a combate y debe recibir aprobación para ello, o retirarlas en 60 días salvo que Congreso autorice ese despliegue o declare una guerra.

Ese desprecio que ha alcanzado su máxima expresión este fin de semana no es nuevo, ni siquiera en el caso de Venezuela. Numerosos demócratas han denunciado que en las sesiones de información que les habían ofrecido en los últimos meses miembros de la Administración sobre la presión al país latinoamericano, incluyendo para tratar de explicar los hundimientos de lanchas sospechosas de narcotráfico y las ejecuciones extrajudiciales de sus ocupantes o los planes de Washington, se les ha engañado u ocultado información. 

Greg Meeks, un demócrata que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha llegado a acusar a Rubio de "mentir al Congreso" en noviembre, cuando asegura que les dijo que no iba a producirse un ataque militar y que no veían autoridad para una invasión que, dice que les dijo, reconoció que conllevaría riesgos.

También Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, ha asegurado que en tres de esas sesiones informativas que ofrecieron miembros de la Administración como Rubio o el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se les había asegurado que no se buscaba un cambio de régimen ni se planificaba emprender una acción militar, extremos que se probaron falsos el sábado.

Escasa perspectiva de cambio

Schumer ha anunciado este fin de semana que van a intentar forzar un voto en los próximos días sobre una resolución de poderes de guerra que permita restringir la capacidad de Turmp de dar más pasos sin autorización explícita del Congreso. Schumer también ha solicitado que se dé al Congreso inmediatamente información sobre los planes para Venezuela para "prevenir un desastre humanitario y geopolítico que nos hunda en otra guerra sin fin que cambia un dictador corrupto por otro".

El futuro de iniciativas como esa en las Cámaras, controladas por los republicanos, es más que incierto. Y aunque algunos conservadores han cuestionado y criticado las acciones de Trump en Venezuela, hasta ahora han sido muy pocos, contados con los dedos de las manos, insuficientes siempre para ponerle freno. Y hasta algunos críticos con el intervencionismo, como el congresista Mike Lee, han dado por buenas este fin de semana las explicaciones de Rubio.

Ya en noviembre solo un par de republicanos (Rand Paul y Lisa Murkowski) se sumaron a los demócratas para intentar, sin éxito, aprobar en el Senado una resolución que habría bloqueado una invasión sin autorización del Congreso. El mes anterior los mismos dos senadores fueron los únicos republicanos en votar con los demócratas para tratar de frenar a Trump en su campaña de ataque contra las supuestas narcolanchas. También fracasaron.

Denuncias demócratas

Con la operación del fin de semana, la denuncia demócrata de cómo Trump reta e ignora al Congreso se ha elevado aún más. La expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, recordó el sábado que "el presidente Trump no ha ocultado sus intenciones de abolir efectivamente el Congreso y ese patrón sigue hoy con su desdén flagrante por el artículo uno de poderes de guerra del Congreso, esencial para nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios".

Bernie Sanders ha atacado a Trump por su "desprecio por la Constitución y el Estado de derecho". "El presidente de EEUU no tiene el derecho de llevar a este país unilateralmente a la guerra, ni siquiera contra un dictador brutal y corrupto como Maduro. EEUU no tiene derecho de dirigir Venezuela", declaró el senador independiente de Vermont. "El Congreso debe aprobar inmediatamente una resolución de poderes de guerra para acabar esta operación militar ilegal y reafirmar sus responsabilidades constitucionales".

Mark Warner, máximo representante demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, también ha recordado que la Constitución "pone las más serias decisiones sobre uso de fuerza militar en manos del Congreso por una razón" y dijo que "usar la fuerza militar para aplicar un cambio de régimen exige el escrutinio más intenso, precisamente porque las consecuencias no terminan con el ataque inicial".

Mientras, Tim Kaine, otro senador demócrata, ha reclamado que "el Congreso reafirme su papel constitucional crítico en temas de guerra, paz, diplomacia y comercio". "¿Qué será lo siguiente?", planteó el que fue candidato vicepresidencia con Hillary Clinton. "¿Desplegará tropas para proteger a manifestantes en Irán? ¿Para aplicar el frágil alto el fuego en Gaza? ¿Para combatir terroristas en Nigeria? ¿Para tomar Groenlandia o el canal de Panamá? ¿Para reprimir a estadounidenses que se reúnan pacíficamente para protestar sus políticas?".

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