La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones

Europa prepara su hachazo definitivo contra Huawei y ZTE. La Comisión Europea estudia formas para obligar a países como España a eliminar la presencia de ambos gigantes chinos en sus redes de telecomunicaciones, según han filtrado fuentes internas a Bloomberg.

La vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, planea convertir la recomendación lanzada por Bruselas ya en 2020 en un requisito legal que fuerze a los Estados miembros de la Unión Europea a seguir sus directrices para dejar de utilizar proveedores de redes móviles considerados de "alto riesgo", como es el caso de Huawei y ZTE.

Las decisiones sobre infraestructuras, también digitales, corresponden a los gobiernos nacionales. España ha decidido mantener la tecnología de Huawei, una alianza que empezó en 2011. Hasta 16 miembros de la UE, más de la mitad del club comunitario, también utilizan los servicios de la multinacional tecnológica china y solo 11 países la han prohibido. Otros como Alemania y Finlandia estudian aplicar nuevas restricciones contra la firma china.

Aunque se trata de una decisión a escala nacional, Virkkunen baraja la opción de vetar legalmente a ambas tecnologías para así obligar a los países a seguir la ley o enfrentarse a posibles sanciones económicas, apunta Bloomberg. La Comisión incluso podría tomar medidas para disuadir a los países no pertenecientes a la UE de utilizar tecnología china, por ejemplo bloqueando la financiación que vehicula a proyectos de telecomunicaciones a través del programa Global Gateway en los casos en los que se utilicen esas subvenciones para contratar a proveedores como Huawei o ZTE, indican las fuentes.

"La seguridad de nuestras redes 5G es crucial para nuestra economía", se ha limitado a afirmar el portavoz de la comisión, Thomas Regnier, que no ha hecho comentarios sobre esa posible prohibición de Huawei y ZTE.

La publicación de esta información ha impulsado las acciones del fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones Nokia y del sueco Ericsson. Ambas compañías son la alternativa europea a Huawei y ZTE en lo que se refiere al despliegue de tecnologías de telefonía móvil.

¿Espionaje y corrupción de Huawei?

La UE, así como Estados Unidos, consideran que ceder el control de infraestructuras nacionales críticas a empresas con vínculos tan estrechos con Pekín podría comprometer los intereses de seguridad nacional. Desde Bruselas, se teme que el régimen de Xi Jinping pueda obligar a esos proveedores tecnológicos a entregar datos de los usuarios, convirtiéndolos así en herramientas de vigilancia al servicio del Partido Comunista Chino.

Pekín niega esos temores y apunta que, con esa posible prohibición, Bruselas se estaría pegando un tiro al pie. "La retirada forzosa por parte de ciertos países de equipos de telecomunicaciones chinos seguros y de alta calidad no solo ha retrasado su propio progreso tecnológico, sino que también ha causado importantes pérdidas económicas", ha declarado este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian.

En marzo, Huawei fue vetada en el Parlamento Europeo y se prohibió a sus directivos reunirse con la Comisión Europea después que se destapase el escándalo por presuntos sobornos a eurodiputados con regalos, viajes de lujo y dinero en efectivo para garantizar que apoyasen los intereses de la compañía china. El pasado septiembre, el portal Follow the Money destapó que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) desestimó en marzo de 2023 las acusaciones de corrupción contra lobistas de Huawei al considerar que eran "especulativas".

¿Qué pasa con España?

Los planes de la Comisión casan con las reiteradas advertencias desde Bruselas. Desde España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido a capa y espada la ciberseguridad de los sistemas de Huawei utilizados para las redes de 5G y el almacenamiento de escuchas telefónicas de la policía, un nuevo y polémico contrato de 12,3 millones de euros que se cerró durante el pasado verano. No obstante, como adelantó 'El País', el Ejecutivo admitió en septiembre que había anulado un contrato en vías de ser adjudicado a Telefónica para la instalación de equipos de Huawei en la red de fibra óptica pública RedIRIS.

A pesar de la controversia y sospechas de espionaje, Catalunya también está tendiendo la mano a Huawei. En octubre, la Generalitat adjudicó a la unión de empresas Sirt-Connecta una licencia de 127 millones para conectar los servicios públicos catalanes a una red de fibra óptica con equipos del fabricante chino, una infraestructura que debería estar lista en 2031. El Ejecutivo de Salvador Illa ha defendido que la adjudicación "cumple con todas las garantías" y ha garantizado que el hardware también cumple con el Esquema Nacional de Ciberseguridad.

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