Sánchez presiona en la UE para arrancar ayudas para la vivienda y un paraguas jurídico contra la especulación

Pedro Sánchez llevará a la reunión del Consejo Europeo de este jueves un paquete de propuestas en vivienda que van desde la activación de fondos específicos hasta modificaciones legales que doten a España de un paraguas jurídico que permita intervenir el mercado. Tras los choques en el seno de la coalición y los avisos de los socios sobre que el problema de la vivienda es la principal amenaza que podría tumbar este Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha decidido mover ficha y elevar la presión en la UE.

Muchas de las propuestas que reclaman otros grupos parlamentarios para frenar el alza de precios no tendrían encaje jurídico o necesitarían el concurso de las administraciones autonómicas, según advierten en el Ejecutivo, por lo que las reclamaciones del Ejecutivo buscan sortear estos obstáculos. Concretamente, según fuentes de Moncloa, se reclaman pasos para la "articulación de medidas legales desde Europa para poner freno a la especulación en la compra de vivienda para uso no residencial" y "palancas a nivel europeo para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las grandes ciudades en las que está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo".

La declaración de zonas tensionadas está recogida en la ley de vivienda, pero es competencia de las comunidades autónomas permitirla para congelar los precios de los alquileres. A propuesta de España, la agenda de la reunión que protagonizan los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea ha incluido también la propuesta para la habilitación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo.

Desde el Gobierno recuerdan que Sánchez viene subrayando que esta debe ser la legislatura de la vivienda, pero para solucionar este problema tiene que haber un compromiso de todas las administraciones, local, autonómica y nacional, pero también europea.

Fuentes del Ejecutivo que han analizado la propuesta del socio minoritario, Sumar, ante cuyo rechazo reclamaron la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, advierten sobre su inseguridad jurídica. Tanto es así que hasta señalan que los artículos del proyecto que les han remitiado serían "inconstitucionales".

Propuestas de Sumar

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también responsabilizó a las comunidades autónomas del PP de los altos precios porque “no quieren aplicar la ley de la vivienda”, declarando zonas tensionadas para congelar las subidas de las rentas de alquiler. “Creo que para poder dar solución al problema de la vivienda es también muy importante que todas las administraciones que tienen competencias se pongan a trabajar en ello”, concluyó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado martes.

El ministro de Derechos Sociales de Sumar, Pablo Bustinduy, evitó hacer suyas esta advertencia para rebajar el tono y defender que “es normal que el socio minoritario tenga una posición propia sobre el principal problema” de la ciudadanía. En ese sentido, apuntó que la propuesta de su clave se realizó “en clave constructiva” para intervenir el mercado del alquiler con una fundamentación y herramientas jurídicas apropiadas. Concretamente, parte de su propuesta pasa por prorrogar durante tres años más los contratos de alquiler que vayan a vencer y “congelar los precios”. “Tanto para la renovación como para nuevos contratos”, explicó.

Desde el ala socialista del Ejecutivo enmarcan la posición de Sumar con la vivienda en el intento del socio minoritario del Gobierno por "sacar la cabeza" y hacerlo mediante un "problema transversal" que afecta a todas las familias españolas y que, reconocen, es el "principal problema" al que se enfrentan.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno tiene previsto incrementar sustancialmente la partida destinada a la vivienda. Desde Sumar se presiona también para que los créditos blandos del plan de recuperación de la UE se destinen a la construcción de más vivienda social. 

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