La Corte Internacional de Justicia recuerda a Israel su "obligación" de facilitar la labor de la UNRWA, agencia vetada por Netanyahu

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) lanzó este miertcoles el siguiente aviso a Israel al dictaminar que como "fuerza ocupante" tiene la "obligación" de facilitar las actividades de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés). Estableció, asimismo, que la parte israelí no ha podido "fundamentar" que entre el personal de esa agencia humanitaria hay miembros de Hamás, como sostuvo el Gobierno de Binyamín Netanyahu al vetar sus actividades. Y señaló que el bloqueo de los convoyes de ayuda "durante periodos prolongados" ha tenido "consecuencias catastróficas" para la población gazatí. Israel no puede "utilizar el hambre de la población civil como método de guerra", concluyó la CIJ, máximo tribunal de la ONU.

La audiencia de la Corte, la primera desde el alto el fuego en Gaza, se había abierto con una declaración del juez japonés Yuyi Iwasawa declarándose competente para dictaminar sobre las obligaciones de Israel sobre los territorios palestinos. Rechazó a continuación el argumento israelí de que con ello la CIJ incurría en "abuso o instrumentalización" de un proceso judicial internacional.

El pronunciamiento de la CIJ siguió a la audiencia del pasado mes de abril, en que representantes de unos 40 países y organizaciones abordaron ante esa corte las responsabilidades de Israel para posibilitar la presencia y actividad de las agencias de ayuda humanitaria.

Israel vetó la presencia de la UNRWA tras vincular a varios de sus empleados con las matanzas y toma de rehenes de Hamás del 7 de octubre de 2023. Desde la ONU se advirtió de antemano que no se puede bloquear la acción de estos agentes sin más, además de recordar la ilegalidad de la ocupación de los territorios palestinos.

Israel sostenía que la cooperación con la UNRWA implica un grave riesgo sobre su seguridad. La ONU se comprometió a investigar la acusación contra los miembros de su equipo y despidió a nueve de ellos. Pero el Gobierno de Netanyahu no se dio por satisfecho y bloqueó de facto la labor de la UNRWA tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada.

Varias delegaciones presentes en la audiencia de abril, entre ellas Sudáfrica, habían calificado de "insustituible" la labor de la UNRWA. España, como Colombia y otros países latinoamericanos, respaldaron este parecer. Miles de niños sufren los estragos de la malnutrición, mientras un centenar de ONG reclamaban poder entrar en Gaza con suministros de ayuda.

El doble frente jurídico sobre Israel

La Haya se ha convertido en los años de devastadora ofensiva sobre Gaza en epicentro de causas judiciales contra Israel en un contexto de creciente presiones internacionales sobre Netanyahu. Ya en diciembre de 2023, Sudáfrica presentó su demanda acusando a Israel de genocidio. La Corte respondió con medidas cautelares y el apremio a Netanyahu a “evitar cualquier acto de genocidio”.

El dictamen de este miércoles es el tercero de la CIJ relativo a Israel. Anteriormente concluyó que los asentamientos violan el derecho internacional y calificó de "ilegal" la presencia permanente de Israel en Palestina.

Sus pronunciamientos no son jurídicamente vinculantes, pero tienen gran peso político. Incluso tras la liberación de los últimos rehenes y de centenares de presos palestinos, las agencias de ayuda humanitaria han denunciado que los convoyes que Israel permite entrar em Gaza son insuficientes.

A los pronunciamientos de la CIJ se han sumado las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI), asimismo con sede en esa ciudad holandesa. La principal de ellas fue la orden de detención emitida contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

Las órdenes de arresto sí son vinculantes para los países miembros, entre los que no se encuentran Israel ni tampoco Estados Unidos o Rusia. La orden de la CIJ no impidió el pasado abril al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, recibir con honores militares Netanyahu. Fue una manifiesta expresión de apoyo al líder israelí y de desprecio hacia la CPI. Unas horas antes de la llegada a Budapest de su invitado, el Gobierno de Orbán había anunciado su retirada del Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI.

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