Un tribunal de segunda instancia de Colombia anula la condena a prisión al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal

La situación judicial de Álvaro Uribe ha cambiado radicalmente en tres peses. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al hombre que gobernó Colombia con mano de hierro entre 2002 y 2010 de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Para el expresidente ya es historia la condena a 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto la jueza Sandra Heredia en julio pasado. Aquel dictamen había sido calificado de histórico por los organismos defensores de los derechos humanos. Uribe y toda la derecha detrás suyo hablaron entonces de una venganza política contra un inocente. Los abogados del mandatario y la misma Procuraduría apelaron la decisión adoptada por Heredia y un tribunal de segunda instancia decidió darles la razón. Contra lo fundamentado por Heredia, con lujo de detalles, los jueces consideraron que el artífice de la llamada "seguridad democrática" no había cometido ningún delito.

"Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia", dijo el presidente Gustavo Petro. La absolución se da en el caso de supuestas presiones a Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien está preso y era considerado un testigo clave. Monsalve acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y aseguró que Diego Cadena, un abogado del expresidente, lo presionó en la cárcel para retractarse de lo dicho en contra del exmandatario en el caso que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante legal del senador Iván Cepeda, uno de los denunciantes de Uribe, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. "Esta batalla no ha terminado".

La noticia judicial tuvo amplio y previsible impacto, en especial por las razones esgrimidas para beneficiar a Uribe. El magistrado Manuel Antonio Merchán sostuvo que en rigor no pudo ser demostrado que el expresidente ordenara a su exabogado Cadena buscar testimonios o pruebas con ofrecimientos ilícitos. La sentencia de primera instancia no revisó de manera correcta las pruebas del expediente y Heredia, remarcó Merchán, cometió varios errores en su valoración.

Merchán recalcó a su vez que el Tribunal encontró un error de interpretación jurídica en la aplicación del "dolo eventual" como fundamento de la condena de primera instancia, emitida por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, ya que la figura de la determinación penal exige "dolo directo".

Intercepciones ilegales

Para el Tribunal Superior bogotano, la Fiscalía tampoco logró comprobar que Uribe hubiera dado órdenes a su letrado de contactar a testigos y ofrecer dádivas a cambio de sus retractaciones en investigaciones por presuntas relaciones con grupos paramilitares de ultraderecha. Por el contrario, Heredia había determinado que el líder de la derechista Centro Democrático sabía acerca de las acciones de sus emisarios en la búsqueda de testigos en prisiones colombianas a partir de los movimientos de Cadena. Durante el primer juicio se tomaron como pruebas irrefutables las intercepciones de los teléfonos de Uribe y su abogado. El Tribunal Superior de Bogotá consideró que esas intercepciones fueron ilegales. "La prueba se habría obtenido por un medio lícito en curso, lo que no ocurrió. Cualquier intento de convalidar la ilicitud vulnera la función disuasoria de la exclusión probatoria, fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pescas indiscriminadas, sacrificando derechos fundamentales y erosionando el Estado de Derecho", fundamentó el juez Merchán. En su pronunciamiento sugiere no obstante que lo conversado por Uribe y su abogado fue cierto. "El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad", comentó al respecto Petro.

Trump entra en escena

Pero a la vez, el jefe de Estado estableció una relación entre el dictamen favorable a Uribe y los últimos enfrentamientos de su Gobierno con la administración de Donald Trump. Ahora, el multimillonario "aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país". El pasado fin de semana, Trump acusó a Petro de ser un "narcotraficante"y puso en marcha una batería de medidas contra Colombia.

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