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Familia real británica

Crece la indignación pública con el príncipe Andrés tras conocerse que no paga alquiler por su mansión en Windsor

El hermano de Carlos III vuelve a estar en el punto de mira tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, con quien presuntamente mantuvo relaciones sexuales cuando todavía era menor de edad

El príncipe Andrés acude al servicio religioso de Semana Santa en el Castillo de Windsor, el pasado 20 de abril.

El príncipe Andrés acude al servicio religioso de Semana Santa en el Castillo de Windsor, el pasado 20 de abril. / ANDY RAIN / EFE

Lucas Font

Lucas Font

Londres
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Los escándalos relacionados con el príncipe Andrés siguen ocupando portadas en el Reino Unido días después de la renuncia a gran parte de sus títulos por sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. En esta ocasión la indignación ha surgido tras conocerse que no paga alquiler por el Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones situada en Windsor en la que reside desde 2003, a pesar de que ya no ejerce como miembro activo de la familia real británica. Las presiones para que abandone la residencia han ido en aumento en las últimas horas, así como los intentos de algunos partidos parlamentarios de despojarlo formalmente de sus títulos.   

Según la información publicada este martes por el diario The Times, Andrés acordó pagar un millón de libras esterlinas (1,15 millones de euros) al Crown Estate —la entidad pública independiente encargada de gestionar el patrimonio de la corona— poco después de instalarse en la residencia. Además, también pagó de su bolsillo cerca de 7,5 millones de libras (unos 8,6 millones de euros) para rehabilitar el edificio. A cambio, el príncipe está exento de pagar una cantidad anual por la propiedad durante los 75 años de duración del contrato y su alquiler tiene el coste simbólico de "un grano de pimienta" al año, equivalente a una pequeña suma que podría ser de una libra esterlina. 

Teóricamente, el alquiler del Royal Lodge debería ascender a 260.000 libras esterlinas al año, con lo que los 8,5 millones aportados por Andrés en 2003 sólo cubrirían el importe del arrendamiento hasta 2036. Esto significa que, a partir de esta fecha y hasta la finalización del contrato en 2078, estaría residiendo en la propiedad sin ningún coste.

La publicación del acuerdo ha puesto sobre la mesa dos cuestiones: de dónde saca Andrés los ingresos necesarios para hacer frente a los costes de mantenimiento de la propiedad y por qué sigue beneficiándose de este acuerdo si ya no ejerce como miembro activo de la familia real. "Ya es hora de que el príncipe Andrés se retire a vivir en privado y siga su propio camino en la vida", ha asegurado el portavoz de Justicia del Partido Conservador, Robert Jenrick, este martes a la BBC. "Se ha deshonrado a sí mismo y ha avergonzado a la familia real una y otra vez. Francamente, no veo por qué los contribuyentes deberían seguir pagando la factura".

Contrato en vigor

El propio Carlos III llevaba meses tratando de convencer a su hermano para que se trasladase a otra residencia debido a los elevados costes de seguridad del Royal Lodge —de cerca de 3 millones de libras anuales—, una propiedad que no forma parte del recinto vallado contiguo al castillo de Windsor. A pesar de que el monarca dejó de hacerse cargo de estos costes en 2024, el palacio de Buckingham quería que se mudara a un lugar más discreto para evitar el escrutinio de la opinión pública tras su salida por la puerta de atrás de la familia real en 2019 debido a sus vínculos con Epstein. Andrés, sin embargo, se ha escudado en el contrato de alquiler para negarse a abandonar la residencia.

En caso de que el príncipe acabe cediendo, el Crown Estate —y por extensión los contribuyentes— debería indemnizarle con cerca de 186.000 libras anuales hasta 2028, lo cual equivale a una suma total de 558.000 libras. Pero cada vez son más las voces que reclaman soluciones para garantizar el uso correcto del dinero público, entre ellas la presidenta de la comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes, la laborista Meg Hillier. Por ahora el Gobierno se ha limitado a decir que corresponde a la Oficina Nacional de Auditoría (NAO, en sus siglas en inglés) determinar si el acuerdo sigue siendo beneficioso para los contribuyentes y recomendar posibles cambios.

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