El presidente interino de Perú rechaza dimitir y declara el estado de emergencia

José Jerí comenzó a probar la misma medicina que indigestó a Dina Boluarte, la presidenta provisional que fue destituida por el Congreso la semana pasada. Siete días después, el mandatario provisional hasta mediados de 2026 tuvo que repetir que no dimitirá después de la muerte de un manifestante por un disparo policial en medio de la primera manifestación multitudinaria contra un Gobierno que ha nacido impopular. El "fuera Jerí" comenzó a resonar en las calles donde la protesta convocada por la llamada Generación Z concluyó con numerosos detenidos y 120 heridos. "Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país; esa es mi responsabilidad y mi compromiso", dijo, pero su credibilidad política es tan débil que ningún analista se atreve a descartar otra crisis.

El jefe policial Óscar Arriola tuvo que pedir perdón públicamente al revelarse que un uniformado disparó a Eduardo Ruiz, de 32 años, provocando su deceso. "Al momento de recibir el proyectil, Ruiz no significaba amenaza alguna para el tirador", aseguró el diario limeño El Comercio. El Gobierno se propone declarar la situación de "emergencia" en Lima. Si bien se ha alegado la creciente inseguridad urbana, la razón por la cual Boluarte fue echada por la legislatura, las nuevas autoridades quieren tener un control más riguroso del espacio público en la capital, donde se concentra por ahora el malestar. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que la medida no será simbólica ni superficial. "A diferencia de otras ocasiones, no puede ser simplemente una declaración etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común".

El Gobierno no quiere que se repitan las imágenes de manifestantes que intentan superar las vallas de seguridad dispuestas a las afueras del Congreso, donde sus impopulares integrantes manejan los hijos institucionales del país andino. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos, escudos y bastones, mientras de parte de los manifestantes se lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Una crisis sin fin

La crisis política es la norma de Perú, especialmente desde 2018 cuando dimitió el presidente Pedro Pablo Kuczynski antes de ser cesado por la legislatura. Lo sucedió Martín Vizcarra, quien no pudo evitar ser destituido. Tampoco el exmaestro rural Pedro Castillo ni su sucesora Boluarte. El desprestigio de la política se refuerza con la prisión de dos presidentes de la era post-Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Alan García se suicidó en 2019 antes de ser detenido por un caso de corrupción.

Jerí es el nuevo y precario intento de contener la crisis. La llave la tiene otra vez un Congreso donde el fujimorismo es la fuerza clave que puede decidir la suerte de la actual autoridad ejecutiva. De cara a los comicios de 2026 nada parece cambiar debido a la falta de atractivos de los principales dirigentes. Rafael Bernardo López Aliaga, un millonario con pasado en el Opus Dei, acaba de renunciar a la alcaldía de Lima para presentarse en los comicios. Fue uno de los artífices de la caída de Boluarte.

"Es lamentable que el país haya vuelto al terreno de la polarización entre quienes creen, de un lado, que las movilizaciones deben ser desoídas y reprimidas con ferocidad, y quienes buscan, del otro, que dicho escenario fabrique las condiciones apropiadas para impulsar sus propias agendas. Basta ver la sesión del pleno de ayer, donde más de un congresista habló de la convocatoria a una asamblea constituyente, para darse cuenta de los intereses de ciertos sectores políticos", señaló El Comercio en su editorial de este viernes. "En estos momentos, el país necesita estabilidad. Azuzar al caos a menos de seis meses de las elecciones no solo es una ligereza; es una irresponsabilidad. La impunidad no es una opción; la violencia tampoco".

Para La República, lo ocurrido en las calles capitalinas fue apenas "la última expresión de un patrón de violencia institucional que se ha normalizado bajo el amparo del poder gobernante". La represión "desproporcionada" forma parte de una lógica que se ha instalado en el Gobierno entrante, "el enemigo interno". Por lo cual, "todo ciudadano movilizado es sospechoso de subversión". Ese discurso "habilita el uso de la fuerza como respuesta automática ante la disidencia, deshumaniza al manifestante y legitima la brutalidad uniformada". Por el momento, la tensión se circunscribe a Lima. En cualquier momento, presagian los analistas, puede activarse en el interior del país.

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