El Consejo de Estado de Italia ratifica la relación entre el uranio empobrecido y los tumores de soldados

La posibilidad de desarrollar cáncer por exposición a municiones de uranio empobrecido, más confirmada que nunca. Esa es al menos la doctrina que deriva de las últimas sentencias del Consejo de Estado italiano, órgano cuya función principal es que la administración pública actúe conforme al derecho, y que ha reconocido "un riesgo profesional específico" para los militares que han trabajado en áreas en las que se ha hecho uso de estas municiones, empleadas desde hace al menos tres décadas en distintas zonas de guerra. Una de las últimas: Ucrania, país cuyo Ejército las recibió en 2023 de Estados Unidos (EEUU).

De hecho, el veredicto, que ha sido festejado por diversas asociaciones de militares italianos, no solo ratifica de modo contundente el riesgo de tumores como consecuencia de la exposición al uranio empobrecido. También sienta un precedente para facilitar las demandas de los soldados que enfermen y soliciten atención médica e indemnizaciones, al dejar invertido el principio jurídico de la carga de la prueba.

En concreto, según lo establecido, ya no serán los afectados los que deberán probar la relación entre su enfermedad y el trabajo que han desempeñado, en misiones en el extranjero o en polígonos de tiro, sino que, a partir de ahora, será al revés. Ese vínculo será reconocido automáticamente, y le tocará eventualmente a la administración pública desmentir esa relación, aportando evidencia médica y epidemiológica que demuestre causas externas al servicio para rechazar las demandas.

Crimen de guerra

El fallo es, además, un nuevo capítulo de un añoso debate internacional. De hecho, ya hace más de tres décadas, en la Primera Guerra del Golfo y la invasión de Irak, EE UU y Reino Unido admitieron haber usado uranio empobrecido y lo mismo hizo la OTAN en 2003, al reconocer su uso en Kosovo y Bosnia durante las guerras en estos países en la década de los noventa.

Otras reconstrucciones también hablan de su empleo en conflictos en Afganistán, Somalia, Líbano, Libia y Mali, aunque nunca hubo un reconocimiento oficial, aunque según datos de la Coalición Internacional para la prohibición de las armas de uranio (ICBUW), diversos países poseen este tipo de armamento, entre ellos también Rusia, Francia e Israel, y también hay informes de su uso reciente en diversos escenarios bélicos, entre ellos Siria. Con ello, numerosos políticos e instituciones, incluso europeas —en España, en su momento, el Ministerio de Defensa encabezado por Federico Trillo—, han repetidamente evitado reconocer la relación causa‑efecto entre los militares enfermos y sus misiones en el extranjero.

Pero en Italia el debate nunca ha acallado por completo. De hecho, fue precisamente en este país donde se produjeron los primeros casos denunciados en el año 2000, referidos a soldados italianos que habían participado en misiones en Bosnia en 1995 y Kosovo en 1999. Además, en 2001, la jurista Carla Del Ponte, entonces a cargo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, habló del uso de armas de uranio empobrecido por parte de la OTAN definiéndolo como un crimen de guerra. Y organizaciones como L'Osservatorio Militare, han dedicado años a recopilar y analizar información sobre los soldados víctimas, y a dar asistencia jurídica a ellos y sus familias para llevar sus casos ante los tribunales.

"Un acto de justicia"

Más aún. En 2017, una Comisión de investigación del Parlamento italiano también estableció que el uranio empobrecido puede causar envenenamiento por metales pesados, ya que cuando se inhala, el material se deposita en los pulmones, provocando en muchos casos cáncer de pulmón, y la aparición de linfomas de Hodgkin y leucemias. En efecto, la contaminación por uranio empobrecido se puede detectar primero también a través de un examen de orina.

De ahí también la gran satisfacción de las organizaciones en Italia por este último fallo. "Un acto de justicia" y "una victoria para la verdad". Así ha calificado la decisión, por ejemplo, el Sindicato Único de los Militares (SUM, por sus siglas en italiano), una organización que representa a los 400 soldados muertos y a los cerca de 4 000 actualmente enfermos con cáncer tras haber sido desplegados en zonas expuestas.

"Esta decisión representa un hito histórico para la protección de la salud y la dignidad de los militares italianos, que durante demasiado tiempo fueron abandonados ante devastadoras enfermedades y un sistema que negaba el vínculo causal entre su servicio y la patología", ha opinado el SUM. "También es un homenaje a la perseverancia de las familias, de los abogados, de los sindicatos y de las asociaciones que han luchado incansablemente para obtener la verdad y el reconocimiento", ha añadido.

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