¿Qué ha pasado en Perú? 5 claves de la destitución de la presidenta Dina Boluarte y sobre el futuro del país

En Perú se practica desde 2018 un curioso deporte institucional: la destitución de los presidentes por parte del Congreso. Los jefes de Estado caen como moscas cuando se levantan las manos de los legisladores. Le tocó ahora a la muy impopular Dina Boluarte, quien había reemplazado a finales de 2022 a Pedro Castillo, echado por los mismos congresistas que le ganaron de mano cuando el exmaestro rural intentó disolver el Parlamento. El flamante presidente interino, José Jerí, sabe que puede durar un suspiro en el Palacio Pizarro y terminar como Boluarte, quien tenía una popularidad del 2%, apenas mayor que la de un Congreso que votó de manera unánime la censura.

Estas cinco claves del nuevo capítulo de la política peruana:

Un fin de ciclo anunciado

La vida política de Boluarte ha sido relativamente corta y muy cambiante. Se inició en Perú Libre, una formación de izquierdas de corte nacionalista, acompañó sonriente a Castillo y cuando su suerte estuvo echada y debió reemplazarlo inició un gradual deslizamiento hacia las posiciones más derechistas que la llevaron a alianzas con el fujimorismo y los sectores castrenses. El exautócrata Alberto Fujimori abandonó la cárcel sin la mínima indignación de la presidenta provisional. A las Fuerzas Armadas les concedió una la ley de amnistía que ha beneficiado a aquellos uniformados que cometieron violaciones contra los derechos humanos entre los años 80, década en la que surgió el grupo Sendero Luminoso, y 2000.

Las permanentes concesiones no impidieron un desenlace anunciado apenas se calzó la banda presidencial. Boluarte se había propuesto permanecer en el Palacio Pizarro hasta 2026 y ser protagonista de una transición "normal". Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori, quien hasta abril era objeto de un juicio de corrupción, milagrosamente anulado, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, el conglomerado conservador que la había sostenido frente al aluvión de denuncias, dio una previsible pirueta en la dirección contraria.

El fin del blindaje

Boluarte intentó formular su alegato final frente a las cámaras de televisión. Su mensaje fue interrumpido porque tomaba posesión Jeri. Ella se había comprometido a convocar a elecciones anticipadas apenas sustituyó a Castillo pero se olvidó pronto del tema. Enfrentó fuertes movilizaciones en su contra que provocaron al menos 50 muertos y la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abandonada por Perú para expresar su descontento.

Boluarte tensó como nunca las relaciones de Perú con México y Colombia. Atravesó numerosos escándalos, entre ellos los beneficios a familiares, la ostentación de relojes de alta gama de procedencia sospechosa y una cirugía estética facial disfrazada de otras razones para ausentarse de la gestión. Semanas atrás, la juventud intentó recobrar protagonismo en las calles y salió a pedir su dimisión. Nada de eso la puso seriamente en aprietos porque sentía el blindaje parlamentario.

Las razones

Fue la creciente inseguridad en un país donde la confluencia entre el crimen y la política se incrementa de forma alarmante la que terminó con los agitados días de Boluarte. La estocada definitiva la lanzó la bancada que responde a Rafael López Aliaga, un alcalde limeño con un pasado en el Opus Dei y mucho dinero en sus cuentas bancarias. Cuando en la noche del miércoles fue atacado un reciento militar capitalino mientras tocaba la banda de cumbia Agua Marina, las balas que hirieron a cuatro de los músicos se transformaron en proyectos de censura presidencial. "Fue la gota que rebasó el vaso de una ciudadanía hastiada de vivir bajo el terror de la extorsión y el sicariato", dijo este jueves El Comercio en su editorial.

Casi 19.000 denuncias de extorsiones se han contabilizado solo este año. Pero el reciente ataque trajo recuerdos de tiempos más oscuros, ya no relacionados con una revolución delirante sino el delito. "Que un grupo criminal pueda irrumpir con ametralladoras en áreas cercanas a un recinto militar, disparar más de 20 proyectiles contra artistas indefensos y huir impunemente revela no solo la magnitud del colapso de la seguridad ciudadana, sino también la incapacidad total del Estado para proteger a sus ciudadanos".

Política y economía

La "vacancia por incapacidad moral permanente", es, valga el juego de palabras, "permanente" en un Perú donde la política y la economía van por vías separadas. El PIB de 2024 subió tres puntos. La inflación anual alcanzó el 1,9%. No son logros que se puede atribuir el Gobierno. El llamado "modelo peruano", hijo más benigno del "modelo chileno" que fundó en Chile el dictador Augusto Pinochet, tiene una dinámica autónoma a los ritmos palaciegos, y ese es uno de los motivos por los cuales no siente los efectos de lo que sucede en el Ejecutivo y legislativo.

Desde la destitución hace siete años de Pedro Pablo Kuczynski al presente la economía peruana tuvo un crecimiento que oscila entre un 12% y un 20%, de acuerdo con distintas estimaciones. La mejora de los indicadores tampoco benefició a los presidentes interinos Martín Vizcarra, condenado recientemente a cinco meses de cárcel, ni a Castillo.

La crisis sin fin

El nuevo episodio le recordó a la sociedad el calado de una crisis de legitimidad monumental en el país andino. Cuando Fujimori escapó de Perú, a finales de 2000, parecía iniciarse un ciclo de recuperación ética que se mostró fallido. Alejandro Toledo, "el Cholo", figura clave de ese proceso de democratización, se encuentra encarcelado por hechos dolosos. Su sucesor, Alan García, se disparó en la cabeza antes de que la policía pudiera arrestarlo por un caso de corrupción similar. Ollanta Humala, el tercer presidente de la era democrática, también está detrás de las rejas. Kuczynski, exministro de Toledo, fue destituido por el Congreso y no puede salir del país. Vizcarra ascendió y cayó porque quiso trasgredir la ley de la gravedad que rige en la política peruana. Castillo fue el más audaz: intentó cerrar el Congreso y el Congreso lo destituyó.

Ahora Boluarte forma parte de esta lista de gestiones fallidas. La experiencia le enseña a la sociedad que el mandato interino de Jerí puede ser efímero y accidentado, y más teniendo en cuenta que tiene entre sus antecedentes denuncias de acoso sexual y desobediencia a la autoridad. Imperturbable, el flamante jefe de Estado repitió casi palabra por palabra el discurso inaugural de Boluarte sobre la necesidad de una reconciliación nacional y poner en marcha una transición empática con un país acostumbrado a estos epílogos.

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