El Gobierno de Trump escala el despliegue militar en ciudades demócratas y llama a las manifestaciones en Portland "ataque terrorista organizado"

El deterioro de la situación democrática en Estados Unidos en la segunda presidencia de Donald Trump se acelera. En los últimos días la tensión social, policial y legal ha escalado en Chicago y Portland, dos metrópolis que como prácticamente todas las grandes urbes de EEUU están gobernadas por demócratas.

Los dos enclaves son los últimos núcleos de la campaña endurecida del republicano contra la inmigración y el crimen. También están siendo escenario de crecientes protestas ciudadanas por acciones militares, como el despliegue de tropas en suelo estadounidense que sigue a los que ya se vivieron en Los Ángeles y Washington, y por acciones militarizadas de fuerzas policiales y federales, especialmente duras redadas y detenciones de ICE, la agencia policial de inmigración.

En medio del conflicto creciente, en las calles y en los tribunales, donde en las últimas horas un par de decisiones han tratado de frenar pasos de Trump, la tensión se dispara.

Despliegue de la Guardia Nacional

Este lunes Illinois ha presentado una demanda para tratar de frenar el despliegue en Chicago de efectivos de la Guardia Nacional de Texas, que Trump autorizó el fin de semana, asignando a las tropas de los reservistas tanto a Chicago como a Portland a "misiones de protección federal". Aun así, un grupo de 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas estaban este lunes en camino a Chicago, según una fuente militar citada por 'The New York Times'.

En el caso de Portland, el despliegue está frenado, de momento, por un par de decisiones de una jueza federal de Oregón, que nombró el propio Trump. La magistrada, Karin Immergut, primero frenó el sábado el intento de Trump de enviar al estado a cientos de tropas de la Guardia Nacional. Cuando el presidente intentó ante ese primer bloqueo enviar a militares de California y de Texas, la jueza volvió a impedírselo. 

Immergut acusó primero a Trump de estar excediendo su autoridad constitucional y el domingo culpó al Gobierno de estar ignorando sus órdenes. En la segunda decisión, amplió la prohibición de que se desplieguen en Oregón reservistas para incluir a los "de cualquier estado o de DC".

Acciones desmedidas y preocupación

Ya en su orden inicial la jueza de Oregón argumentó que las manifestaciones que se han vivido en Portland han sido por lo general pequeñas y "no significativamente violentas". Desarticulaba así uno de los argumentos que Trump y sus aliados emplean para el despliegue, señalando a la ciudad de la costa oeste como una urbe "en guerra".

En Illinois, mientras, el gobernador demócrata, JB Pritzer, ha acusado al presidente Trump de estar intentando provocar choques y de tratar voluntariamente de que escalen las tensiones. "Debemos empezar a llamar esto lo que es: una invasión de Trump", dijo el fin de semana en un comunicado.

La situación está generando serias alarmas, y no solo entre políticos demócratas, sino entre expertos en derechos civiles y en autoritarismo y todo tipo de analistas y observadores, y es una alarma a la que no le falta sustento. Este lunes Stephen Miller, uno de los asistentes de Trump más ultra, y también uno de los principales arquitectos de la agenda extremista del republicano contra la inmigración, ha asegurado en un mensaje en X que las manifestaciones en Portland son un "ataque terrorista organizado".

Ya el sábado Miller había escrito en X que hay "un movimiento creciente de terrorismo de izquierdas bien organizado y financiado protegido por jueces, fiscales y fiscales generales de extrema izquierda" y decía que "el único remedio es usar el poder legítimo del Estado para desmantelar redes terroristas".

Ese mismo día, ante la primera decisión de la jueza Immergut contra el despliegue, Miller llegó a hablar de "insurrección legal".

Son palabras extremas, cuya gravedad crece exponencialmente después de que el martes pasado, en su controvertido discurso ante la cúpula militar de EEUU, Trump hablara de un "enemigo interno" y sugiriera usar como "campo de entrenamiento" las ciudades gobernadas por demócratas donde ha desplegado o quiere desplegar efectivos militares para proteger a agentes federales en sus acciones contra inmigrantes o para reforzar la seguridad y para aplacar manifestaciones.

Trump, además, recientemente firmó una orden ejecutiva que expande la definición de terrorismo nacional. En ese decreto, el presidente instruyó a una unidad antiterrorista del FBI a investigar "redes, entidades y organizaciones que fomentan la violencia política". El memorando también identificaba como potenciales "banderas rojas" expresiones de antiamericanismo, anticapitalismo o contra el cristianismo, con parámetros tan genéricos y vagos que hacen temer por la represión de cualquier muestra de disenso o de la libertad de expresión.

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