La española CAF, incluida en el informe sobre empresas que "se lucran" con el "genocidio y la ocupación" de Palestina

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha incluido a la empresa de trenes española CAF en su informe “Desde la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, que aborda el lucro de empresas internacionales en medio de los ataques de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania y la ocupación ilegal de los territorios palestinos. La compañía mantiene su participación en el proyecto de construcción y gestión de las líneas Roja y Verde del tranvía de Jerusalén, que incluyen paradas en territorios reconocidos como palestinos por la comunidad internacional, incluida España. También provee de los trenes ligeros para el proyecto.

"Varias compañías contribuyen a desarrollar carreteras e infraestructuras de transporte público clave para establecer y expandir las colonias, contectándolas a Israel mientras excluyen y segregan a los palestinos", se lee en el adelanto del informe. "La vasco-española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles [CAF] se unió a un consorcio con una compañía [la israelí Shapir] listada en la base de datos de la OHCHR [de empresas que contribuyen a la violación de los derechos humanos de los palestinos] para mantener y expandir la Línea Roja de tren ligero y para construir la Línea Verde mientras otras empresas se retiraron de la licitación por presión internacional. Estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas líneas y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, conectando las colonias con Jerusalén".

Otra empresa española, la catalana COMSA, ganó también un concurso relacionado con el proyecto, valorado en 2.200 millones de euros, pero terminó renunciando a él tras el inicio de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, que ha provocado la muerte violenta de al menos 56.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, tras los ataques de la milicia islamista del 7 de octubre, que provocaron al menos 1.139 fallecidos.

El Ministerio de Industria pidió a CAF que revisara la posible violación de las cláusulas sobre derechos humanos de su participación en el proyecto, tal y como contó este diario. La compañía presentó posteriormente un “informe independiente de impacto social” en el que se apuntaba que su actividad no fomenta la colonización porque es posterior al comienzo de la misma. Amnistía Internacional ha denunciado el proyecto en un informe titulado "Próxima parada, ocupación".

El proyecto de CAF con la israelí Shapir asciende a 1.200 millones de euros. CAF cotiza en bolsa, tiene unos ingresos de cerca de 3.000 millones de euros y más de 13.000 empleados. La administración vasca es partícipe del 3% de las acciones. El Parlamento vasco pidió el pasado 5 de junio que el Ejecutivo revisara todos los acuerdos comerciales y políticos con Israel y con empresas "vinculadas a la ocupación de Palestina". La Corte Internacional de Justicia ha dictado la ilegalidad de la ocupación israelí de Cisjordania y ha instado a Estados y a agentes económicos que no participen en la misma, apunta la organización BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). El mismo tribunal investiga la posibilidad de que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de busca y captura contra el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra.

"Economía del genocidio"

Israel ha reconvertido sus políticas económicas coloniales en Gaza y Cisjordania en una "economía del genocidio" en la que colaboran diversas multinacionales de sectores como el tecnológico, el bancario o el armamentístico, señala el informe de la relatora de la ONU para Palestina, informa EFE.

En la versión adelantada del informe, que será presentado esta semana por la relatora ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se concluye que el genocidio israelí "es lucrativo para muchos" y se benefician de él "numerosas corporaciones con gran influencia", caso de las firmas de inversión Blackrock o Vanguard, que se cuentan entre las principales inversoras en armamento para el ejército israelí.

La relatora italiana urge a los Estados miembros de la ONU a obligar a las numerosas firmas mencionadas en su informe y a otras vinculadas a abusos en los Territorios Ocupados a rendir cuentas y afrontar consecuencias legales "por sus graves violaciones del derecho internacional".

Reclama a los Estados que suspendan todos los acuerdos y relaciones de inversión con ellas, y que se les impongan sanciones, mientras que a las propias firmas se les exige que indemnicen al pueblo palestino, siguiendo como modelo medidas fiscales que Sudáfrica aplicó a firmas que habían colaborado con el apartheid.

Albanese solicita también en su informe de 39 páginas que la Corte Penal Internacional investigue y persiga a altos cargos de estas empresas y a las propias entidades "por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional" y en el lavado de dinero obtenido mediante esos crímenes.

Tecnológicas en el punto de mira

En el sector tecnológico, el informe apunta a multinacionales como IBM, que ha permitido a Israel la recolección y almacenamiento de datos biométricos de los palestinos para sostener su régimen discriminatorio, o Microsoft, con tecnologías que son utilizadas en prisiones y operaciones de los cuerpos de seguridad.

Amazon y Google han participado en programas de gestión de grandes bases de datos para el "control de la población", mientras Palantir ha facilitado inteligencia artificial utilizada con fines militares por parte de las fuerzas israelíes, asegura el informe.

Albanese menciona también grandes compañías del sector de la construcción y la maquinaria pesada, como Caterpillar, Hyundai o Volvo, por su participación en la destrucción de infraestructuras y tierras de cultivo en Gaza, y al mismo tiempo en la construcción de colonias ilegales en territorios palestinos.

En el sector energético el informe menciona multinacionales como la suiza Glencore o la estadounidense Drummond, principales suministradoras de carbón para Israel, o las petroleras BP y Chevron.

"A través del suministro de carbón, gas, petróleo y combustible, las compañías contribuyen a infraestructuras civiles utilizadas por Israel para consolidar la anexión, que ahora son usadas como 'armas' para la destrucción de la vida palestina en Gaza", defiende el informe de la relatora.