Un comité ‘ad hoc’ decidirá el destino de los niños con derecho a asilo

El Estado da un primer paso para cumplir la orden del Tribunal Supremo que le exige integrar en el sistema nacional de protección internacional a los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo –o han expresado su intención de hacerlo– y que permanecen en centros de acogida del Archipiélago. El Gobierno de España ha pactado con Canarias la puesta en marcha de un órgano interadministrativo encargado de analizar cada caso de forma individualizada y decidir el destino de los niños. Este nuevo comité se reunirá por primera vez mañana con el objetivo de dibujar un mapa de los recursos disponibles e iniciar la evaluación de los menores para su reasignación. Una vez determinado el lugar de acogida, el plazo máximo para efectuar el traslado será de 15 días.

El comité trabajará con tres posibles vías para reubicar a los menores y aliviar la situación de «hacinamiento» en los centros de acogida de Canarias. La primera contempla su incorporación a un recurso de la red estatal de protección internacional, que —según recoge el documento con las bases del acuerdo entre administraciones— «excepcionalmente podrá estar en Canarias». Esta fórmula, sin embargo, debe ser utilizada de forma puntual, ya que el objetivo no es solo descongestionar los dispositivos que gestiona el Gobierno regional, sino también favorecer la integración de los menores en sus futuros lugares de residencia, lo que implica su salida del Archipiélago.

La segunda opción plantea el traslado del menor a un centro ubicado en otra comunidad autónoma; mientras que el tercer escenario contempla su permanencia en el sistema de protección de Canarias, «asumiendo la guarda y demás obligaciones de forma compartida con el Estado». La elección entre estas vías, subraya el documento, deberá adoptarse «atendiendo al concreto interés superior del menor considerado individualmente en sus circunstancias personales».

90 días sin mover un papel

Esta medida llega 90 días después de que el Tribunal Supremo dictara el auto que instaba al Gobierno de España a actuar con urgencia, fijando un «plazo improrrogable» de diez días para atender a los menores refugiados. Con este acuerdo, el Estado muestra ahora su disposición a garantizar el «acceso inmediato» al sistema nacional de protección internacional para estos niños. Cuando el alto tribunal emitió la resolución, el pasado 25 de marzo, había 1.008 menores solicitantes de asilo en Canarias; hoy, esa cifra ya supera los 1.300, según los últimos datos del Ejecutivo autonómico.

El comité, creado ad hoc para dar cumplimiento a la orden del alto tribunal, se reunirá cada semana y estará compuesto de forma paritaria por cuatro representantes del Estado y otros cuatro del Gobierno de Canarias. Todas sus sesiones serán grabadas y las actas resultantes se remitirán al Tribunal Supremo. Para agilizar el acceso de los menores al sistema de protección internacional y evitar bloqueos burocráticos, solo se exigirá la entrega de los «documentos esenciales»: la identificación del menor y la acreditación de su tutela por parte de la Comunidad Autónoma. Una vez presentada esta documentación, se dictará la resolución de admisión en un plazo máximo de tres días hábiles o cinco naturales.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su preocupación por la pasividad del Estado a la hora de cumplir las medidas cautelares impuestas para garantizar los derechos de los menores con derecho a asilo y aliviar la saturación de los centros en el Archipiélago. Clavijo recordó que el Tribunal Supremo ha tenido que emitir dos autos para forzar una reacción del Gobierno central y lamentó que, pese al acuerdo alcanzado, «Canarias sigue en las mismas», ya que aún no se ha iniciado la derivación efectiva de los menores. El presidente insistió en que el Ejecutivo estatal debe cumplir con el itinerario previsto en los protocolos, que comienza con el alta de los solicitantes en el sistema nacional de protección internacional.

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