Milei refuerza las estructuras de vigilancia y espionaje interno inspirado en los ejemplos de EEUU e Israel

Javier Milei festejó ruidosamente los bombardeos norteamericanos contra las instalaciones nucleares iraníes. Su ministro de Defensa, Luis Petri, habló de acciones de "paz" y "libertad". Y añadió: "Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes". Argentina se siente parte de esa coalición y habla en plural, un "nosotros", no solo por los atentados antisemitas de los años 90 que señalan a Teherán. La actualidad requiere de una estructura de seguridad a la medida de los desafíos que plantea la era de Donald Trump. La reforma de la ley orgánica de la Policía Federal (PFA) apunta en esa dirección porque posibilita el espionaje interno, la infiltración en organizaciones sociales y las detenciones de un modo que rompen el pacto democrático que se consensuó a finales de 1983, al concluir la última dictadura militar. El propio Milei dijo que "los buenos son los de azul", el color del uniforme de la PFA, y los malos serán siempre los otros. La reforma policial supone la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que, se explicó, no solo se mirará en el espejo del FBI. "Vamos a aprender de los mejores. Vamos a aprender de Estados Unidos. Vamos a aprender de Israel". La entusiasta identificación de Milei con Benjamín Netanyhau tiene sus reciprocidades. El ataque israelí de este lunes contra la sede de seguridad de la Guardia Revolucionaria irani fue celebrada por el ministro de Exteriores, Gideon Saar, con el lema del anarco capitalista: "¡Viva la libertad carajo!".

En medio de esas expresiones de simpatías mutuas Milei hizo que la reforma policial evite el aval del Congreso. El presidente volvió a recurrir al decreto de necesidad y urgencia. La PFA debe abocarse a "la investigación de delitos complejos y a la seguridad del Estado", y con tal propósito no solo estará facultada para que sus "topos" se mezclen con organizaciones políticas, sociales, ambientales y culturales. También se podrá llevar a cabo sin control judicial un ciberpatrullaje de los adversarios del Gobierno de ultraderecha. "Un paraíso a la medida de Patricia Bullrich", señaló Ricardo Ragendorfer, un periodista especializado en tema de seguridad, sobre la ministra del ramo, una exguerrillera de los años 70 que, tras haber pasado por formaciones políticas de distinta gradación ideológica, terminó en el partido de los hermanos Javier y Karina Milei. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es la otra cara de la moneda del espionaje interno. El Ejecutivo ha girado ingentes fondos para su sobredimensionamiento. Un decreto presidencial estableció que sus jefes no tienen que dar cuenta del uso de ese dinero al amparo de la figura de los "gastos reservados". El Congreso lo rechazó, pero a pesar de esa restricción parlamentaria el presupuesto de la SIDE no deja de crecer.

Nuevos peligros

Con este trasfondo se conocen los cambios de la PFA. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los históricos organismos de derechos humanos, creado durante los años de horror, es, junto con un grupo de periodistas críticos, uno de los blancos del fisgoneo. El CELS había denunciado ante la justicia a los jefes de los espías, Sergio Neiffert (conocido como el "Señor 5") y Diego Kravetz ("Señor 8"). La entidad advierte ahora que la promocionada reforma de la PFA es no solo confusa, sino que abre las puertas de la criminalización de todos aquellos que impugnen al Gobierno. "Se presenta como un nuevo perfil que estaría más vinculado a los delitos federales, pero se ve una ampliación de facultades policiales, como tareas de inteligencia o espionaje en el espacio digital". Se le otorgan facultades de arrestar personas sin orden judicial, a contramano de una jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizar requisas y espiar todo el espacio virtual. Sostiene al respecto el CELS: "una cosa es considerar que la criminalidad compleja es uno de los problemas más serios y que debe ser desarticulada con eficacia, para lo que hay que poner el foco en la violencia, las connivencias institucionales y la ruta del dinero", y otra "es utilizar la gravedad del asunto para promover la ampliación de facultades policiales, el debilitamiento de los controles a la actuación de las fuerzas de seguridad y de las garantías para las personas". Para el CELS, "todas estas modificaciones se vuelven más graves en un momento en el que observamos indicios de procesos de politización del aparato de seguridad y que se suman al contenido de un Plan Nacional de Inteligencia de la SIDE, que amplía el secreto y el espionaje a periodistas y opositores".

El caso ecuatoriano

El advenimiento de Trump y la experiencia de Nayib Bukele en El Salvador generan las condiciones para que el tutelaje estatal se repita en otros países. No solo se trata de Argentina sino de Ecuador, cuyo presidente recientemente reelecto, Daniel Noboa, aspira a convertirse en otro de los interlocutores privilegiados de Washington. El Gobierno acaba de aprobar una nueva la Ley Orgánica de Inteligencia sin mayores oposiciones parlamentarias. La normativa se ha presentado como el remedio más eficaz para un país que vive bajo un Estado de conflicto interno debido al desafío que representa el narcotráfico y que durante el primer semestre ha tenido casi 1.700 homicidios, un 70% más que en 2024. Noboa ha logrado que el espionaje se lleve a cabo sin las históricas garantías judiciales ni el seguimiento parlamentario. La red de vigilancia militar, policial, financiero, aduanera y penitenciario estará centralizada en un funcionario nombrado por Noboa.

La ley es más osada que la argentina porque facilitará al Estado la obtención de los flujos comunicacionales en el espacio virtual y telefónico. También podrá interceptar o revisar documentos que circulen en distintos formatos sin la avenencia judicial. Los especialistas ecuatorianos, como antes los salvadoreños y en la actualidad los argentinos, se preguntan si el verdadero propósito de ese nuevo marco legal es la derrota de las bandas que asolan las ciudades o un nuevo dispositivo de vigilancia y control social. "Tiene fines políticos", advirtió Michelle Maffei.

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