Gobierno de ultraderecha
Milei autoriza la adquisición libre de armas semiautomáticas y de asalto
Un decreto elimina la prohibición a adquirir armas de uso castrense o policial como parte de un programa de liberalización que no ha concluido

El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la última jornada del Madrid Economic Forum, en el Palacio de Vistalegre, a 8 de junio de 2025, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press


Abel Gilbert
Abel GilbertCorresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
El consumo masivo volvió a desplomarse en Argentina. Según la consultora Scentia, las ventas en supermercados retrocedieron un 3,3% interanual durante mayo. Doce meses atrás, las compras se habían derrumbado un 10% respecto al mismo mes de 2023. El Gobierno confía que al menos un sector de la economía se reactivará en breve a partir de la autorización que tendrán los habitantes de este país para adquirir armas semiautomáticas y de asalto, entre ellas subametralladoras. Podrán tenerlas en casa a pesar de su uso militar. El presidente Javier Milei decidió derogar un decreto de los años 90 firmado por Carlos Menem que prohibía expresamente ese tipo de acopio personal.
Durante su campaña electoral, el anarcocapitalista se había mostrado favorable a terminar con cualquier tipo de restricción a la tenencia de armas. Su ministra de Seguridad, la exintegrante de la guerrilla urbana Montoneros hace medio siglo Patricia Bullrich, también había predicado a favor de ese mismo derecho cuando ocupaba el mismo cargo al servicio del magnate Mauricio Macri (2016-19). "El que quiera estar armado, que ande armado", dijo. Milei apunta a hacer realidad por completo esa aspiración en un país donde las encuestas muestran que, más de un 70% de la población rechazan el uso civil de las armas de fuego. "La población sabe bien que un país armado es un país violento", señaló en su momento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) de marzo pasado, existen 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), el requisito indispensable para acceder legalmente a un arma. Sin embargo, más del 65% de esas credenciales están vencidas. El Gobierno de ultraderecha quiere simplificar al mínimo los trámites a partir de la aplicación telefónica MiANMaC. El circuito informal de las armas triplica a las que han sido oficialmente declaradas. Esa era la estimación de Small Arms Survey en 2017. Para otros especialistas el número es mayor.
"Probado uso deportivo"
La reciente reforma permite de inmediato el blanqueo de unas 2.000 armas semiautomáticas que no han sido registradas o quedaron en manos de herederos tras el fallecimiento de los titulares originales. El paso dado por Milei ha sido saludado por clubes de caza y tiro así como armerías que reclamaban la derogación del decreto de Menem, según el cual ciertos pertrechos solo podían estar en manos de las instituciones castrenses o de seguridad. La justificación del Gobierno para revertir sus efectos es el "probado uso deportivo" de las armas a partir de ahora habilitadas, un permiso difícil de explicar en el caso de subametralladoras. "Los mecanismos de control deben reflejar un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego, con los recaudos derivados de la seguridad pública o común", se consigna en el decreto. A fines de 2024, el Gobierno había reducido de 21 a 18 la edad mínima para poder acceder a la condición de legítimo usuario de armas (CLU).
El Gobierno decidió también que policías y agentes penitenciarios de todo el país ya no deberán renovar su condición de CLU cada cinco años, como los usuarios civiles. Tendrán permisos de tenencia, uso y adquisición que serán extendidos por los propios jefes de cada fuerza y estarán vigentes mientras se mantengan en actividad. Esos permisos alcanzarán tanto a las armas de dotación reglamentarias como a aquellas que adquirieran a título personal. Esa facilidad se justifica por el hecho de que las instituciones han considerado a los uniformados "física y psicológicamente" aptos para beneficiarse de esta prerrogativa.
Reacciones
"Hay ligereza y temeridad del Gobierno en este tema que minimiza las consecuencias de estas decisiones y parece hacerlo por una postura entre fanática y dogmática", dijo Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme. Manuel Tufró, del CELS, advierte que en el giro hacia la permisividad de Milei está ausente un tema candente como el tráfico de armas. "Pareciera que no tienen nada que ver con el crimen organizado". Las evidencias, advirtió el especialista, "marcan lo contrario". En ese sentido subrayó: "Una mayor circulación de armas legales implica mayores facilidades para el crecimiento del mercado ilegal. Junto con el contrabando a gran escala, existen dos vías principales a través de las cuales el mercado ilegal se provee de armas: los robos o extravíos por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, y el pasaje al mercado ilegal de armas que antes estaban en manos de legítimos usuarios. Cuanto más grande es el mercado legal, más oportunidades hay para que el mercado ilegal también crezca". Durante 2024 se computaron 1.803 asesinatos en todo el país. El 57,4% de ese total fue cometido con armas de fuego.
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