La justicia argentina concede a Cristina Kirchner la prisión domiciliaria y le impone una tobillera electrónica

El Tribunal Oral Federal decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. La medida adoptada por el juez Jorge Gorini trae un alivio al Gobierno de ultraderecha argentino. Al entrar a regir la sentencia de seis años de cárcel, la expresidenta no tiene que presentarse este miércoles en la sede judicial donde iba a ir acompañada de una multitud convencida de que ella es objeto de una persecución política. Fernández de Kirchner fue notificada a través de su abogado, Alberto Beraldi, y de la comisaría del barrio de Monserrat, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una lista de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder a la vivienda sin necesidad de autorización judicial. La expresidenta se verá obligada a limitar las visitas políticas, lo cual afectaría el ejercicio de su liderazgo al frente del Partido Justicialista, el nombre oficial del peronismo, el principal partido opositor. La exmandataria deberá abstenerse de "adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario", una manera de recomendarle que no salga repetidamente al balcón para saludar a sus seguidores.

De esta manera, y para complacencia de las actuales autoridades ejecutivas, Jorge Goriini desestimó una petición de los fiscales que habían intervenido en el juicio, Diego Luciani y Sergio Mola. A través de un escrito habían expresado su rechazo a que la expresidenta cumpla en su domicilio la condena de seis años ratificada por el Tribunal Supremo. Luciani y Mola, dos fiscales de relaciones a cielo abierto con el expresidente Mauricio Macri, habían reclamado también una pena de 12 años para Fernández de Kirchner. En su petición, los acusadores sostuvieron que no es procedente que la líder del peronismo, el principal partido opositor, cumpla la sentencia en su apartamento. "No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad". Tampoco admitieron que existan razones de seguridad para que Fernández de Kirchner, objeto de un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022, vaya a una cárcel común.

Luciani y Mola ya se habían opuesto a conceder ese beneficio a Nelson Periotti, otro de los funcionarios condenados en la misma causa por corrupción en la obra pública, quien cumplirá 80 años el 3 de julio y cuyo estado de salud es delicado. Fernández de Kirchner ha sido dos veces presidenta y una vicepresidenta. Esos antecedentes, señalaron, no son condición exclusiva para que la justicia acceda a la petición de los abogados. "Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley". Recordaron además que la exjefa de Estado tiene 72 años. Los fiscales se abrieron no obstante a la posibilidad de que no sean escuchados sus argumentos. En el caso de que Fernández de Kirchner permanezca en su domicilio sugirieron que lo hiciera con una tobillera electrónica. Gorini, informaron los medios de prensa, se inclinó favorablemente a esa petición que los kirchneristas calificaron de humillante.

Preocupación en el Gobierno

Fernández de Kirchner, quien sostiene que el juicio en su contra fue político y sin pruebas, se había propuesto llegar a los tribunales rodeada de miles de sus seguidores y las dos centrales obreras. La marcha, de unos cinco kilómetros, provocó en el Gobierno el temor a un "cisne negro" que se desborde en las calles. Según el portal 'La Política Online', el poderoso asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, realizó intensas gestiones para evitar esas escenas. El propio jefe de Ministros, Guillermo Francos, hizo saber sobre el interés presidencial de que se despeje el peligro de un acontecimiento en el espacio público. "Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom". Si bien Fernández de Kirchner no deberá moverse de su apartamento, el peronismo discutía mantener la protesta en el espacio público.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una exguerrillera peronista de los años 60 que dio un giro político radical a lo largo de su dilatada carrera por numerosos partidos, se había preparado para enfrentar a la movilización y modificó el lunes el Estatuto de la Policía Federal para que los uniformados puedan realizar requisas a personas y vehículos sin necesidad de orden judicial, una medida considerada inconstitucional.

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