El Salvador: El país donde ser joven es delito

María creció con la muerte rondándola. Desde niña se le aparecía en cada esquina en forma de pandillero, mirándola a los ojos. Ella es de Iberia, el nido de las pandillas en El Salvador; el barrio donde vivían las ‘ranflas’ del crimen organizado. Una niña en la comunidad más peligrosa del país con más homicidios del mundo. 

Cada mañana tenía muertos a la puerta de casa. Desde pequeña se acostumbró a convivir con homicidios y balaceras en sus calles angostas y desordenadas. Por el día la muerte s0lo la miraba, pero por la noche podía alcanzarla, así que ni ella, ni nadie, salía a la calle cuando bajaba el sol. La noche era territorio de los pandilleros, cuyos pasos a veces se escuchaban en los tejados de chapa huyendo de la policía. La juventud salvadoreña, especialmente la empobrecida, fue condenada a un exilio interior en sus casas, y ni siquiera ahí estaban seguros a veces. Era un régimen de terror. 

La noche del 27 de marzo de 2022 el Ejército salvadoreño cercó Iberia. Los soldados irrumpieron en las viviendas y registraron hasta el último rincón. Según María (nombre ficticio), llenaron seis autobuses de pandilleros y los llevaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Se había instaurado el régimen militar de excepción y suspendido la mayoría de derechos civiles. El presidente Nayib Bukele había declarado una guerra a las maras. 

"Los feminicidios ya no se registran. Ahora se habla de 'intolerancia familiar'"

Ahora María tiene 30 años y respira tranquila. Ha emprendido un negocio de estética en su barrio sin miedo a la extorsión de las pandillas y sale a pasear a su perrito (su gran amor son los animales) cada día a las 10 de la noche. Incluso tiene vecinas que salen a correr a las 5 de la madrugada, algo antes impensable.

Cada fin de semana, niños de distintas comunidades se juntan para jugar un partido de fútbol en la cancha de Iberia o en la Zacamil, dos de los “puntos rojos” del crimen organizado. “Vivo aquí y ví como un marero disparó por la espalda a un chico que simplemente venía de otra zona a jugar fútbol con sus amigos, eso era el día a día”, explica un joven de la segunda zona. 

Los falsos positivos

El régimen de excepción de Bukele barrió las calles de pandilleros y devolvió la tranquilidad a la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, esta estrategia de mano dura ha generado un daño colateral: la estigmatización y criminalización de la juventud salvadoreña que vive en zonas empobrecidas. Según más de una decena de testimonios de jóvenes y de organizaciones de derechos humanos consultados, la línea entre pandillero y adolescente de barrio se ha difuminado peligrosamente en los retenes ante la mirada uniformada. Los operativos militares, aunque buscan desmantelar las pandillas, a menudo confunden juventud con delito. La apariencia, la vestimenta o residir en un "punto rojo" pueden ser suficiente para levantar sospechas y terminar tras las rejas. “En El Salvador ser joven es delito” coinciden en decir varios jóvenes entrevistados. 

Los postes de la luz y paradas de autobús de San Salvador lo atestiguan. Carteles con caras de jóvenes ‘desaparecidos’ proliferan en ellos. Muchos -dicen las familias- engullidos por el estado, ya que cuando los militares encarcelan a alguien no informan a los familiares de nada; ni la prisión, ni los cargos, ni el tiempo entre rejas. 

El país tiene la tasa de encarcelamientos más alta del mundo: 85.000 reos para 6 millones de personas

El régimen de excepción se ha convertido en un tema tabú en el país y criticarlo públicamente puede traer consecuencias. Por eso, por seguridad los nombres de las jóvenes, entidades sociales y abogadas especialistas en derechos humanos entrevistadas para este reportaje permanecen anónimos. 

Sus rostros, como el de María, son testimonios vivos de la juventud que con estudio o emprendiendo, reconstruyen su vida ya sin miedo a las pandillas. Agradecen la seguridad en las calles, pero a la vez se sienten bajo la mirada de la bota policial que los puede encarcelar sin pruebas por ser de determinado barrio o por ser lgtbi o trans. El Salvador es un estado de paz sin justicia. 

Las organizaciones defensoras de derechos humanos fueron las primeras en celebrar este oasis de seguridad con el régimen, pero también han alzado la voz ante esta nueva realidad. Una abogada especialista en militarización, violencia y seguridad ciudadana explica que se han documentado 6.800 vulneraciones de derechos humanos en tres años de régimen de excepción, la mayoría detenciones arbitrarias, la mayoría a juventudes. A eso hay que sumarle 380 muertes en cárceles salvadoreñas sin que se sepa nada sobre sus circunstancias. El régimen de Bukele, que mantiene unos índices de aprobación altísimos, se erosiona por esta política de derechos cuestionados, sin embargo, “hay miedo a criticar al régimen y marchar por posibles represalias”. 

Carmen es portavoz de una entidad que trabaja en la incidencia política de la juventud, y señala cómo este estigma dificulta la vida de muchos jóvenes de contextos vulnerables. "Siempre se ha dicho que ser joven en El Salvador es delito, y ahora también. Tatuajes o ciertas estéticas generan sospecha, aunque no haya vínculos con pandillas. Muchos jóvenes aún ocultan sus brazos en el autobús por temor a los militares". 

El Salvador ostenta hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: 85.000 reos en un país de seis millones. La afirmación del presidente Bukele ante la ONU en septiembre de 2024 -"dicen que hemos encarcelado a miles, pero en realidad hemos liberado a millones"- contrasta con la percepción de muchos jóvenes (sobre todo hombres) de barrios humildes, que se sienten en una prisión a cielo abierto y temen ser confundidos con pandilleros de camino a su casa, a la escuela o al trabajo. 

Un catedrático consultado contextualiza: "Bukele declaró una guerra contra las pandillas, y en toda guerra hay víctimas inocentes. No hay paz con justicia plena, pero estamos mejor que hace una década". Sin embargo, la abogada especialista discrepa: "La vida cambió para millones, que ya no sufren la violencia criminal. Pero no se puede sustituir una violencia criminal ilegal por otra violencia estatal que también es ilegal".

"Muchos dejaban los estudios por la pandilla, ahora ya no es así", dice una docente

El derecho a la educación, en el alambre

Los institutos de San Salvador reciben a sus estudiantes con uniformes y mochilas transparentes, una medida contra drogas y armas. La seguridad en el país ha traído la reducción del abandono escolar: “Muchos jóvenes dejaban  los estudios porque venían de otra colonia y tenían que atravesar territorio de varias maras, y no querían jugarse la vida cada día. Ahora ya no tenemos esos problemas y vienen más jóvenes”, explica sonriente una docente. No obstante, el nivel educativo sigue siendo un desafío, con estudiantes llegando al bachillerato con carencias básicas para leer y escribir, añade. Por eso aboga por invertir en educación primaria.

Por otro lado, hay algo que atraviesa toda la vida de una persona: la clase social. Elena una joven responsable de una biblioteca comunitaria que trabaja con niñez de barrios con dificultades explica que “es súper común que los niños y niñas cuando llegan a los 13 años tengan que trabajar vendiendo en puestos callejeros. Los que tienen suerte lo hacen a la vez que estudian, la mayoría dejan el instituto”. Además, denuncia el cierre de escuelas y el despido de profesores por parte del régimen, una política que erosiona el derecho a la educación, ya de por sí en el alambre. “El régimen está dedicando mucho dinero a construir cárceles mientras cierra escuelas ¿Qué tal si probamos al revés?”, cuestiona Elena.

La educación universitaria tampoco escapa a los desafíos. La Universidad Nacional de El Salvador perdió el año pasado 10.000 estudiantes, y cada vez menos gente logra acceder a una carrera que, igualmente, tampoco garantiza un futuro y ni siquiera ganar un sueldo que cubra la canasta básica (365 dólares). Los jóvenes pasan 4 años esperando, pero luego la calidad del trabajo es muy precaria.  Es el caso de José, al que le pedían dos años de experiencia en cada empleo al que intentaba acceder, así que decidió emprender y montó una tienda de camisas. Esa realidad, la del autoempleo, es súper común en un país donde los trabajos no se ajustan a la formación de sus jóvenes. 

No existen datos de la tasa de desempleo de jóvenes ya que, en general, el Gobierno hace gala de una enorme falta de transparencia. “No podemos ver ni cuántos estudiantes se han matriculado en cada enseñanza, para saber qué podemos ofertar o no. No hay datos públicos de casi nada”, explica una especialista en educación. Esta opacidad afecta a muchísimos ámbitos; el principal son las cárceles. 

Regresión en los derechos Lgtbi

Una persona trans vive de media 33 años en El Salvador. Rosa tiene 30, y la mitad de su vida sólo ha conocido la violencia. Empezó la transición con 16, y a los 17 se tuvo que marchar de casa. Tuvo que prostituirse pagando extorsión y soportando la violencia de las pandillas, la violaron en varias ocasiones y sobrevivió a varios intentos de homicidio. Ahora, con la ayuda de una asociación, estudia trabajo social. 

El avance en derechos feministas y Lgtbi se ha visto frenado por una ola reaccionaria impulsada por el gobierno de Bukele. Una asociación feminista denuncia que los feminicidios ya no se registran como tales, sino como "intolerancia familiar", y la ley que los tipificaba está en revisión. Pese a las cifras oficiales de cero feminicidios, las asociaciones han contabilizado 22 asesinatos de mujeres en el último año. Por otro lado, el agravante de odio en crímenes contra personas trans no se ha aplicado en más de 600 casos documentados. 

Lo mismo sucede con el aborto. El Salvador tiene una de las legislaciones más duras del mundo, y se prevé endurecer todavía más y poder llegar a los 50 años de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo, incluso en emergencias obstétricas. "En este país abortar se paga con 30 años, pero un padre violador, con ocho si acaso", denuncian.

Las declaraciones gubernamentales contra la comunidad Lgtbi "envalentonan" la violencia homófoba y transfóbica, según Rosa. La policía, denuncia, es también perpetradora de abusos. Miguel también estudiante de trabajo social y miembro de una entidad lgtbi, afirma que ser gay o trans en El Salvador hoy implica exponerse a violencia verbal y física. Además, la retirada de fondos de USAID y de otros proyectos del Gobierno ha supuesto el cierre de la gran mayoría de entidades de apoyo. Para él, se han retrocedido décadas en derechos Lgtbi en unos años. “Si pudiera cambiar algo en el país me gustaría que la ciudadanía tuviera más respeto con nosotros. Solo somos jóvenes que salimos cada día a ganarnos el pan”. 

Educación sexual

Ricardo tiene 15 años, estudia en el INAM y no tuvo un padre presente. Le criaron su madre y su abuela. Irene tiene 21 años y su niña dos. Es madre soltera y se sacó bachillerato embarazada. Su hija tiene síndrome de down. 

La falta de planificación familiar es un problema enquistado durante décadas en el país, fruto de las malas decisiones y la falta de conocimientos en la adolescencia, un cóctel que provoca una enorme masa de adolescentes con niños a su cuidado y sin un padre que se haga cargo. Los últimos datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social apuntan a que un 32 % de las familias son extensas (un tío, una abuela que ayuda a la madre) y un 13 % monomarentales. A pesar de todo, el régimen de Bukele ha perseguido y hasta quemado los libros de educación sexual en los colegios. 

Los abusos sexuales en la familia son otra epidemia silenciosa, especialmente en zonas rurales.  “Siempre educamos a los niños para que no se fíen de desconocidos, pero no para evitar que pase esto con su padre, su tío o su abuelo, que es como ocurren la mayoría de los casos”, cuenta un catedrático, que reclama campañas de concienciación gubernamentales que involucren a futuros trabajadores sociales.  El futuro de El Salvador se ve borroso. Si bien la realidad ha cambiado radicalmente para muchos, los jóvenes piden una justicia que no confunda juventud con delito, que garantice seguridad sin arrebatar la esperanza. La paz en el país se ha comprado con la sombra de la duda sobre cada joven. La realidad es que buscar la salida a la guerra contra las maras no es fácil. 

A pesar de que el país es un gran contenedor de violencia encerrada, la juventud apuesta fuerte por una cultura de paz, derechos y respeto a la diversidad. Los avances en feminismo, derechos Lgtbi o infancia han sido impulsados por una generación que al hablar de su país destaca a la gente resiliente: “Somos un pueblo que echa ‘palante’ siempre aunque la vida esté difícil. Siempre echamos ‘palante’”, explica Irene con su hija en brazos. 

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