Amnistía Internacional alerta sobre los "retrocesos" en el derecho a la protesta pacífica y a la vivienda en España

Las condenas y resoluciones judiciales contra activistas, la falta de garantías en el acceso a la vivienda y la política migratoria española merman la situación de los derechos humanos en España, según el informe anual de más de 400 páginas que elabora Aminstía Internacional sobre 'La situación de los derechos humanos en el mundo' hecho público este martes. La organización de derechos humanos señala que tanto la libertad de expresión como la de reunión pacífica están amenazadas, como ilustran --a su juicio-- la negativa del Estado a investigar la infiltración de agentes encubiertos en movimientos sociales de Barcelona o las condenas de manifestantes por alteración del orden público.

En concreto, la organización también hace referencia a las promesas incumplidas de reforma de la ley mordaza, que sigue siendo una herramienta para restringir los derechos de los ciudadanos en las protesta pacíficas. Además, denuncia las condenas contra activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se enfrentan a penas de hasta 38 meses de cárcel. En paralelo, alerta sobre la investigación abierta contra 27 activistas por el clima por pertenencia a organización criminal.

El derecho a la vivienda

Otro de los problemas que enfrenta España en materia de defensa de los derechos humanos es el de garantizar una vivienda digna, contemplado en el artículo 47 de la Constitución. La organización alerta de la grave situación generada por los desalojos a familias vulnerables y denuncia que, en 2024, se llevaron a cabo un total de 20.581 desalojos. Además, advierte que solo dos comunidades autónomas, una de ellas Catalunya, aplicaron la fórmula establecida por la ley por el derecho a la vivienda para limitar el precio de los alquileres.

"Como en otros países, si estos derechos no se protegen de manera adecuada, España seguirá poniendo en riesgo a las generaciones futuras, especialmente en materia del derecho a la vivienda, con unos precios de los alquileres que han aumentado de manera desproporcionada en comparación con el salario medio", señala Esteban Beltrán, director de la organización en España.

El informe también resalta la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que consideró que España no había garantizado una vivienda adecuada a las más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, afectadas por los cortes de electricidad en el barrio de la Cañada Real de Madrid.

Política migratoria

"También nos preocupa la política migratoria en España. En líneas generales las autoridades mantienen un discurso de acogida y respecto a las personas migrantes (...). Pero esos discursos deben transformarse en acciones: los más de 5.000 niños y niñas migrantes no acompañados en las Islas Canarias siguen sin estar protegidos de manera adecuada", apunta Beltrán. Amnistía Internacional denuncia que, pese a los compromisos acordados, la situación de los adultos y los niños que llegan a los centros de acogida no mejoran y tampoco se llevan a cabo inspecciones para garantizar las buenas condiciones de los migrantes en estos centros.

Por último, el informe aplaude la decisión del Gobierno español de sumarse al procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio en Gaza, el apoyo a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, o la suspensión de la aprobación de nuevas licencias de transferencias de armas a Israel.