¿Qué va a hacer la Corte Penal Internacional con su orden de arresto de Putin por crímenes de guerra?

El vértigo de las negociaciones entre Trump y Putin no ha dado tiempo a considerar un detalle no menor: los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en la Haya dictaron el 17 de marzo de 2023, casi un año después de la invasión rusa, una orden de arresto internacional contra Vladimir Putin que la comunidad internacional aplaudió. Tanto la Unión Europea, que sí reconoce la jurisdicción penal internacional, y de Estados Unidos, que la impugna.

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el jueves 6 de febrero, dos días después de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca.  "Yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, declaro que la Corte Penal Internacional constituida por el Estatuto de Roma, ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra EEUU y nuestro estrecho aliado Israel relativas al personal de EEUU y ha abusado aún más de su poder al dictar órdenes de detención infundadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant". Asimismo, “EEUU impondrá medidas tangibles y significativas a los responsables de las transgresiones de la CPI, algunas de las cuales pueden incluir el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de la entrada en Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares directos, ya que su entrada en nuestra nación sería perjudicial para los intereses de EEUU".

Sería lógico que como parte de las negociaciones de paz entre Trump y Putin -iniciadas en Arabia Saudí esta semana-, el presidente estadounidense también resuelva atacar la orden de arresto internacional de su nuevo aliado, el presidente de Rusia, y amenace a quien quiera ejecutarla y exija su anulación. Tampoco la UE, ni el presidente francés, Emmanuel Macron, especialmente entusiasta al conocer la orden de arresto de Putin, en marzo de 2023, han mencionado este “detalle”, al exigir su presencia en la negociación de paz abierta.

La historia de la orden de arresto de Putin y de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada de los Derechos de los Niños en la Oficina del presidente Putin, merece cierta atención. Las acusaciones específicas presentadas contra Putin y Lvova-Belova se enumeran en el artículo 8 del Estatuto de Roma, adoptado en 1998, que incluye “graves violaciones de los Convenios de Ginebra” y “otras violaciones graves” del derecho internacional.

Deportación de niños

Las órdenes de arresto alegan específicamente “el crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y el de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".  Las órdenes de arresto no presentan las pruebas en las que basan su decisión. Pero ya trascendió en marzo de 2023 que se fundó la petición del fiscal principal, el abogado británico Karim Khan en un estudio de la Universidad de Yale según el cual 6.000 niños de zonas como el Donbás fueron transportados a Rusia. El estudio forma parte del llamado “Observatorio de Conflictos”, entidad que cuenta con financiación del Departamento de Estado de EEUU. 

Rusia, por su parte, ha admitido el movimiento de poblaciones en zonas de guerra, incluidos niños que vivían en orfanatos. La criminalización judicial de Putin formó parte de todo el andamiaje de sanciones económicas y políticas que la Administración Biden y la UE lanzaron inmediatamente después de la invasión de febrero de 2022.

En cierto modo, fueron erigiendo un muro para hacer prácticamente imposible abrir una negociación para acabar la guerra. Biden no se dignó a hablar con Putin para prevenir la invasión, ni más tarde -a diferencia de John Fitzgerald Kennedy en la crisis de los misiles de Cuba, en octubre de 1962, quién sí evitó una posible guerra nuclear en diálogo con Nikita Jhrushov.

No fue, desde luego, la única bomba contra cualquier intento de abrir un paréntesis o una puerta para negociar o acordar un alto el fuego duradero. Antes de la orden de arresto de la CPl, el 16 de septiembre de 2022 los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que transportaban el gas ruso por el Mar Báltico a Alemania fueron destruidos, en una operación anunciada por el presidente Biden el 8 de febrero de 2022, 14 días antes de la invasión rusa. Hasta el día de hoy se ignora quién ordenó esa destrucción que causó un golpe sin precedentes sobre la economía de Alemania, país que tuvo que abastecerse de gas líquido en EEUU para sustituir su principal fuente de suministro.

La orden de arresto de Putin fue un intento deliberado de demonización personal para frenar una posible deriva negociadora. En otros términos, EEUU y la UE apostaron toda su estrategia a un "cambio de régimen" en Rusia. Putin, el nuevo paria, jamás podría reintegrarse en el orden mundial. Biden y la UE ya escuchaban entonces las campanas doblar por Putin. Se había convertido en el próximo Milosevic.

Trump, que ya adoptó sanciones contra la CPI durante su primer mandato, ha asestado ahora un golpe a su prestigio y a la pieza del arresto que formo parte, en marzo de 2023, de la política de la UE y de EEUU de apoyar la guerra contra viento y marea en todos los frentes. Esa orden de arresto que ahora pasará a mejor gloria supone, claro, un descrédito para otras decisiones, como, por ejemplo, la orden de detención internacional de Netanyahu, dictada por los jueces del CPI el 21 de noviembre de 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

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